El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a dar un paso más en su agenda migratoria. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se reunió este miércoles con varios grupos parlamentarios para presentar una propuesta de regularización extraordinaria dirigida a los ilegales que se encuentran en España. La medida, mucho más generosa de lo que esperaban incluso los colectivos proinmigración, prevé conceder permisos de residencia y trabajo por un año a quienes acrediten haber estado al menos un año en territorio nacional, sin exigirles contrato previo ni vincularlos a ningún puesto de trabajo.
Entre los requisitos planteados por el Ejecutivo figuran no tener antecedentes penales, no estar sujetos a una orden de expulsión y no representar un riesgo para la seguridad nacional. Los solicitantes de asilo deberán renunciar a sus peticiones, lo que evidencia el uso instrumental de esta vía por parte de muchos inmigrantes para evitar la expulsión.
Las condiciones recuerdan a las aplicadas en la reciente regularización exprés de 23.000 personas afectadas por la riada de Valencia en octubre. Como entonces, el Gobierno busca ahora abrir una «pasarela» para que los ilegales accedan después a las vías ordinarias de regularización, como el arraigo, aunque ni siquiera se les exige cumplir sus plazos habituales.
Más permisiva que la regularización de Zapatero en 2005, la propuesta del Gobierno busca «poner el contador a cero» para el mayor número posible de ilegales. La fecha de corte fijada es el 31 de diciembre de 2024, es decir, sólo podrán beneficiarse quienes estuviesen ya en España hasta ese día y hayan acumulado al menos un año de estancia cuando presenten su solicitud. En principio, habrá un plazo de seis meses para pedir los permisos una vez que entre en vigor la medida.
