Altos mandos de la Unidad de Policía Nacional de Extranjería y Fronteras han trasladado al Ministerio del Interior su preocupación por el «efecto llamada» que, a su juicio, ha provocado la «regularización» masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de enero. Las advertencias, según fuentes policiales, apuntan a la aparición de un nuevo patrón de entrada irregular en España: la conocida como «ruta turca».
Según publican varios medios, la mayoría de los inmigrantes detectados en este itinerario proceden de Argelia, aunque también se han identificado ciudadanos de Marruecos. El esquema consiste en volar hasta Estambul (Turquía), país con amplias conexiones internacionales y requisitos de acceso más flexibles, para después iniciar un trayecto por carretera hacia la Unión Europea con destino final en España.
Una vez en territorio turco, los inmigrantes ilegales suelen desplazarse hacia Bulgaria, donde, los controles fronterizos resultan menos estrictos. A partir de ahí, emprenden un viaje por carretera que culmina en territorio nacional, principalmente a través de Irún (País Vasco) y La Junquera (Gerona), que se han consolidado como los puntos más frecuentes de acceso por esta vía.
Agentes de policía subrayan que, aunque el volumen de entradas detectadas no es aún elevado, el fenómeno constituye una “evidencia clara” del “efecto llamada” derivado de la «regularización» masiva aprobada por el Gobierno. En los últimos días se ha registrado la entrada irregular de una quincena de inmigrantes que habrían utilizado esta ruta.
No se podría hablar de una entrada masiva, pero sí de un flujo continuo de llegada de inmigrantes ilegales que usan la «ruta turca» para entrar en nuestro país. Un flujo podría consolidarse en los próximos meses y convertirse en una puerta silenciosa para la invasión migratoria.
Responsables policiales sostienen que la previsión de «regularización» final podría superar ampliamente las estimaciones iniciales del Ejecutivo, que situaban el proceso en torno a 500.000 personas. «Podría superarse el millón y medio de inmigrantes legalizadas si se mantiene la tendencia actual», alertan desde distintos sectores policiales.
Uno de los aspectos que más inquieta a los mandos es el modo en que algunos inmigrantes ilegales logran acreditar su estancia en España. Las mafias, explican, ofrecen a través de redes sociales tickets y facturas que pueden presentarse como «pruebas» de permanencia durante meses en territorio nacional. Estas prácticas, añaden, complican el trabajo de verificación y aumentan el riesgo de fraude documental.
Además, los agentes advierten de que la expectativa de una regularización masiva puede ser interpretada en terceros países como una oportunidad para acceder a España con la expectativa de obtener residencia e incluso la nacionalidad. La preocupación no se limita al volumen de llegadas, sino también a la seguridad. Y es que este sistema puede permitir la entrada de perfiles diversos sin un control exhaustivo de antecedentes. El real decreto aprobado por el Ejecutivo de Sánchez contempla la solicitud de antecedentes penales al país de origen, pero establece que, si en el plazo de un mes no hay respuesta, bastará con una “declaración responsable” firmada por el solicitante.
A esta situación se suma, según denuncian algunos mandos, la inoperatividad desde hace dos meses del sistema automatizado de cruce de antecedentes de la base de datos Adextra, utilizada por las unidades de Extranjería. Esta circunstancia estaría afectando al filtrado de antecedentes policiales y dificultando aún más las comprobaciones.
