El argumento al que ha recurrido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que salió a la luz el primer informe de la UCO, es que él no sabía nada. Sin embargo, se reseñan cuatro conversaciones grabadas por Koldo García con Ábalos y con Santos Cerdán en las que se pone de relieve que el presidente debía estar al tanto de las andanzas del ministro y su asistente, y que incluso habría tolerado la continuidad del esquema bajo su mandato.
Las pesquisas de la Guardia Civil apuntan a que la maquinaria de adjudicaciones presuntamente manipuladas no se detuvo con la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes en julio de 2021. Por el contrario, los investigadores destacan que Koldo García —quien dejó formalmente su cargo junto con su jefe político— continuó ejerciendo influencia en distintos organismos del Ministerio, al parecer con el respaldo de instancias superiores.
El informe es claro: “La relación de Koldo con miembros del MITMA no se vio interrumpida”, y el uso de esa red de contactos se habría mantenido con el propósito de beneficiar a determinadas compañías del sector de la construcción, en particular a la firma LIC (Levantina Ingeniería y Construcción), implicada en varias de las operaciones bajo sospecha.
Una anotación hallada en el teléfono móvil de Koldo, fechada el 25 de mayo de 2022, da cuenta de una aparente conversación entre él y Javier Herrero, alto cargo del Ministerio. En ese apunte se mencionan a varias constructoras —como MAB, AZVI, COPASA, MAYGAR y ALDESA— vinculándolas con proyectos bajo la órbita de la Dirección General de Carreteras, cuando Ábalos ya había sido cesado un año antes. También aparece otra nota posterior, del 17 de noviembre de 2022, sobre una obra en el puerto de Valencia, valorada en 20 millones, con la sugerencia de «empujar» para favorecer a LIC y FCC.
Todo ello contradice la narrativa de Sánchez, quien ha intentado escudarse en un supuesto desconocimiento de las actividades de sus colaboradores. Las grabaciones y documentos en poder de la UCO apuntan a que el poder de decisión de Koldo no podía limitarse al partido, ya que los partidos no adjudican contratos públicos. Por tanto, debía haber una luz verde desde el Ejecutivo, y en última instancia, desde la cúspide del mismo.
La cronología refuerza esta hipótesis. En enero de 2021 —cuando Ábalos aún estaba en el cargo— Koldo presionó a la entonces secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, para que se resolviera favorablemente una reclamación de LIC relacionada con una obra en Elche. Un mes después, aseguró a un interlocutor que había hablado con “la jefa” y que el proyecto saldría adelante.
Pero incluso después del relevo ministerial, la estructura operativa se mantuvo. Koldo siguió intermediando, marcando objetivos, y según los investigadores, actuando con el amparo tácito de figuras con capacidad de decisión real. La implicación de Santos Cerdán, hasta hace poco secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente, parece haber sido conocida en el entorno de Moncloa, que no actuó hasta que las pruebas ya eran imposibles de negar.
A día de hoy, la investigación deja al descubierto que la red de presiones y supuestas adjudicaciones amañadas no era sólo cosa del pasado ni de un puñado de altos cargos ministeriales. Las ramificaciones alcanzan niveles en los que solo una persona tenía autoridad por encima de todos: el propio presidente del Gobierno.
