La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que Koldo García Izaguirre, antiguo asesor y mano derecha del exministro socialista José Luis Ábalos, manejaba una «caja B» destinada a pagar encuentros personales y gastos privados del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, según ha revelado The Objective.

El nuevo informe recoge transferencias, billetes de tren y reservas de hotel vinculados a mujeres con las que Ábalos mantenía citas organizadas por su entorno. La documentación incluye un mensaje de Koldo a su esposa, Patricia Úriz, en el que le ordena: «Ingresa 750 a esa cuenta y pon en caja B«, refiriéndose a una mujer de origen cubano identificada como Dámaris O.T..

Los agentes señalan que estos pagos «tienen afectación en la vida íntima del investigado» y que la operativa se repetía de forma sistemática: Koldo concertaba los encuentros y su esposa se encargaba de reservar alojamiento y transporte. La Guardia Civil cifra en 4.975 euros los gastos detectados en billetes y estancias.

Entre las pruebas destacan anotaciones manuscritas con expresiones como «lista 2» o «caja B», que diferenciaban los pagos personales de aquellos que podrían ser «reembolsados institucionalmente» por el Gobierno o el PSOE. Los gastos ligados a Ábalos quedaban fuera de toda justificación oficial.

El informe también incluye nombres de otras mujeres a las que se abonaron cantidades por orden del exministro: Ofelia Stoica, Rozalía y Vanderleia de Oliveira, entre otras. En los mensajes intervenidos, Ábalos pedía a su asesor que realizara transferencias «urgentes» a varias de ellas, acompañando los textos con bromas como «Si aún me pudiera deducir de la renta estos donativos, jajaja«.

Además, los investigadores relacionan esta trama con viajes a Teruel y Sigüenza, donde el exministro se alojó en paradores junto a Koldo y otras personas. En una de esas estancias, el personal del hotel denunció daños en el mobiliario y restos de cocaína en la suite utilizada por el exdirigente socialista.

La UCO continúa analizando los movimientos de dinero y comunicaciones para determinar si estos gastos fueron sufragados con fondos públicos o recursos de procedencia ilícita.