La investigación judicial del caso SEPI, derivada de las cloacas socialistas atribuidas a Leire Díez, sitúa ya bajo sospecha operaciones públicas por más de 750 millones de euros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga una presunta red de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y organización criminal vinculada a ayudas y contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y empresas dependientes de ella.
La causa, instruida en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz, apunta al grupo Hirurok, formado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Joseba Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. Según los investigadores, la red habría intervenido en al menos seis u ocho operaciones entre 2021 y 2023 para cobrar comisiones canalizadas a través de sociedades interpuestas.
Entre las operaciones bajo la lupa figura el rescate de Tubos Reunidos, autorizado por 112,8 millones de euros y del que la UCO atribuye a la trama una comisión de 114.950 euros. La compañía recibió el apoyo público en 2021 y terminó en concurso de acreedores, lo que ha reforzado el foco judicial sobre la operación.
Las pesquisas también señalan la ayuda de Sepides a Arapellet, del Grupo Forestalia, por 17,32 millones de euros, a cambio de una supuesta comisión de 200.000 euros; la inyección de 53 millones a Plus Ultra; el contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias a la UTE Erri Berri-Afesa Medio Ambiente, por 2,8 millones; y otros contratos menores vinculados a Mercasa, Servinabar y Enusa.
El caso golpea de lleno a la cúpula de la SEPI durante las dos legislaturas de Pedro Sánchez. Sus tres presidentes en este periodo están ya imputados: Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda, todos nombrados durante la etapa de María Jesús Montero al frente de Hacienda. Pedraz citó esta semana como investigada a Gualda junto a otras 24 personas en la pieza del caso Leire.
La relevancia política del caso se multiplica por el peso de la SEPI en el tejido empresarial español. La sociedad estatal participa de forma mayoritaria en 14 empresas, tiene presencia directa minoritaria en otras diez e indirecta en más de un centenar, entre ellas compañías estratégicas como Indra, Redeia o Telefónica.
La investigación también mira hacia otros rescates concedidos durante la pandemia. Uno de ellos es el de Air Europa, por 475 millones de euros, después de que la empresaria Leonor González Pano declarara en el Supremo que Víctor de Aldama le habló de un supuesto pago de 500.000 euros en efectivo vinculado a gestiones para agilizar la operación.
Otro foco es Duro Felguera, que recibió 120 millones de euros en 2021 pese a que la Fiscalía ya investigaba entonces a la compañía por presunta corrupción. La ayuda fue concedida durante la presidencia en funciones de Bartolomé Lora, tras la dimisión de Vicente Fernández por el caso Aznalcóllar y semanas antes de la llegada de Belén Gualda a la presidencia de la SEPI.
