La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado este jueves por la mañana al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, un exhaustivo informe que compromete seriamente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El documento, que según fuentes judiciales contiene pruebas directas de su implicación en la trama de las mascarillas, podría convertirse en un punto de inflexión dentro del caso que amenaza con sacudir nuevamente los cimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.
El informe, calificado como «demoledor» por las fuentes consultadas, fue remitido en las últimas horas al despacho del magistrado Moreno, quien deberá ahora valorar si los indicios aportados son suficientes para solicitar la imputación formal del ministro ante el Tribunal Supremo. En cuanto el juez finalice su examen, el escrito será distribuido entre las partes personadas, iniciando un proceso que podría prolongarse varias semanas debido al aforamiento del miembro del Ejecutivo.
Las pesquisas de la UCO se han centrado en los contratos públicos adjudicados por el Gobierno de Canarias, presidido entonces por Torres, a la empresa Soluciones de Gestión, propiedad del empresario Víctor de Aldama, considerado una de las piezas clave del entramado. Según consta en las diligencias, entre 2020 y 2021 se aprobaron pagos por 12,2 millones de euros para la compra de mascarillas y material sanitario, de los cuales 837.800 unidades resultaron ser falsificaciones no aptas para uso médico. A pesar de ello, el Ejecutivo autonómico abonó las facturas a precios muy superiores al mercado, manteniendo contacto directo con los intermediarios a través de mensajes telefónicos.
En el sumario aparecen conversaciones entre Torres y Aldama, así como con el empresario Íñigo Rotaetxe, subordinado de este último. En una de las comunicaciones fechada el 16 de julio de 2020, Aldama le escribía al entonces presidente canario para ofrecerle material sanitario. Los registros técnicos acreditan que el mensaje fue recibido y leído ese mismo día, lo que contradice las declaraciones públicas del ministro, que siempre ha negado haber tenido relación alguna con el empresario.
El informe también recoge la colaboración del asesor socialista Koldo García, quien habría mediado para facilitar negocios de la trama en Canarias. De hecho, García y Torres intercambiaron mensajes sobre un proyecto de instalación de tanques de petróleo —una «tanquería»— en un puerto del archipiélago, según los investigadores. Aunque esta línea de investigación no figura finalmente en el documento principal, la UCO no descarta que nuevos datos la reactiven.
El trabajo de los agentes no se limita al periodo de la pandemia. La unidad ha rastreado la trayectoria política de Torres desde su etapa como alcalde de Arucas, entre 2011 y 2015, donde ya se investigan presuntas comisiones relacionadas con contrataciones municipales. Sin embargo, algunas de estas actuaciones podrían estar afectadas por la prescripción de los posibles delitos.
El contenido del informe todavía no ha sido difundido públicamente, pero fuentes próximas a la investigación anticipan que su publicación podría tener consecuencias políticas inmediatas. La inquietud en el entorno de Moncloa es palpable: varios altos cargos admiten en privado que una eventual imputación del ministro sería «un golpe devastador» para Pedro Sánchez, ya desgastado por los casos que han salpicado a figuras como José Luis Ábalos o Koldo García.
Torres, por su parte, ha asegurado estar «absolutamente tranquilo» y confía en que el informe de la Guardia Civil 2demostrará su inocencia». Sin embargo, las pruebas documentales apuntan a que fue advertido de las irregularidades por la Audiencia de Cuentas de Canarias, que alertó sobre la falta de solvencia de las empresas adjudicatarias. A pesar de esas advertencias, su Gobierno convirtió a Soluciones de Gestión en una de las mayores beneficiarias de contratos de emergencia durante la pandemia, acumulando más del 11% de las compras sanitarias realizadas por el Ejecutivo regional.
