La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por orden de la Fiscalía Europea, según ha adelantado el diario El Mundo.
La actuación de los agentes de la UCO en el caso Begoña Gómez tiene lugar después de que el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesara por la causa y preguntara al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra la esposa del presidente si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.
En un decreto del 26 de abril, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) pidió al juez Juan Carlos Peinado que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento «estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley«, integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» para investigar dichos contratos si así lo estima pertinente, por los que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.
En una providencia, a la que también tuvo acceso esta agencia de noticias, el juez de Madrid contestó que en los hechos que investiga constaban «procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades ‘Innova Next’ -sociedad del Grupo Barrabés–, ‘SLU Escuela de Negocios’, y ‘The Valley'».
Ante la petición de la EPPO, el instructor facilitó copia de los documentos requeridos, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que tiene que determinarlo.
En el marco de sus diligencias de comprobación, la Fiscalía Europea reclamó a Red.es los expedientes completos sobre los tres contratos en cuestión, relativos a servicios de formación para el empleo en la economía digital —dos de ellos destinados a jóvenes y uno a personas desempleadas—.
