Tras cinco años de estancamiento y tres intentos infructuosos, el PSOE y el PP han logrado sellar un pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este acuerdo, del que nadie esperaba resultados hace una semana, fue mantenido en secreto por sus negociadores, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, hasta el último momento. No fue hasta el mediodía de ayer que se supo que la firma tendría lugar en Bruselas, una mediación exigida por los populares para que las negociaciones fructificaran.
El compromiso alcanzado implica que PSOE y PP propondrán cada uno diez candidatos a vocal. Además, por primera vez, el presidente del órgano será elegido por los propios vocales, aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial ya contempla esta práctica, en la realidad, el nombre del presidente siempre formaba parte del pacto, reforzando la percepción de politización que ahora se intenta evitar. Los nombres de los vocales, tanto los doce de procedencia judicial como los ocho juristas, ya están acordados, lo que indica que las conversaciones entre ambos partidos estaban muy avanzadas.
El pacto, que ha irritado a todos los partidos de izquierdas y separatistas que no participaron en él —a pesar de haberse quejado durante cinco años de la anomalía de la falta de renovación—, teoriza un avance hacia la despolitización del Consejo. Aunque en esta renovación se mantendrá el sistema actual de elección (íntegramente parlamentario), se prevé una modificación legislativa cuyas bases serán establecidas por el actual CGPJ. Los nuevos vocales tienen un plazo de seis meses para presentar un texto que contemple la «participación directa» de los jueces y magistrados en la elección de futuros miembros del órgano.
Este texto será remitido al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, sobre la base de esta propuesta, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley para reformar el sistema de elección de los vocales judiciales. Esa era la condición esencial que los populares habían puesto frente a la negativa del PSOE a cambiar el sistema de elección. Aunque la actual renovación no se lleva a cabo bajo el nuevo sistema (donde los doce vocales de origen judicial serían elegidos por la carrera), al menos se garantiza un compromiso para modificar el modelo.
Para los populares, esta proposición de ley cumple con ese objetivo, aunque el propio Alberto Núñez Feijoo admitía ayer que no sabe si la mayoría parlamentaria aprobará la propuesta del CGPJ. Desde luego, ese «en su caso» de la disposición adicional deja abierta la posibilidad de que solo se produzca un «debate», pero al menos permite al PP justificar el acuerdo dentro de sus propias filas, donde hasta ayer había reticencias e instaban a Feijoo a resistir la presión de la reforma que quería Podemos.
