Las cárceles españolas gestionan al año unas 500 consultas de oncología para presos diagnosticados con cáncer, según consta en los informes anuales de Instituciones Penitenciarias. En concreto, fueron 576 consultas en 2021 –último año contabilizado–, 428 en 2020, 522 en 2019 y 489 en 2018; en 2017, con el PP en el Gobierno, se atendieron 615 consultas oncológicas.
La estadística del organismo dependiente del Ministerio del Interior no recoge el número de presos que reciben tratamiento por enfermedad, por lo que varias consultas pueden guardar relación con el mismo interno.
Tampoco figuran los casos de condenados que evitan o aplazan su ingreso en prisión por enfermedad, como ha ocurrido con el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán tras valorar la Audiencia Provincial de Sevilla el informe forense sobre el cáncer de próstata que padece.
La estadística oficial no precisa los internos excarcelados, como pasó en 2019 con el exministro y expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, quien estuvo varios meses en prisión provisional pese a padecer leucemia.
Según el último informe de Instituciones Penitenciarias, en 2021 gestionaron un total de 91.860 atenciones médicas, de las que el 0,6% se clasificaron en la especialidad de oncología.
La gran mayoría (573) se atendieron en el exterior de la cárcel, derivándose a la red de centros sanitarios públicos. En un solo caso la consulta se llevó a cabo en el mismo centro penitenciario, mientras que en otros dos se optó por la telemedicina, que incluye consultas telefónicas.
A finales de 2018 Instituciones Penitenciarias dictó una instrucción con un protocolo para regular el «procedimiento para la emisión de informe médico y tramitación de la suspensión de la pena privativa de libertad por enfermedad muy grave con padecimientos incurables».
De esta forma, meses después del cambio de Gobierno se decidió suspender el anterior protocolo de la etapa del PP, de 2017, que tenía en cuenta criterios temporales a la hora de decidir qué expedientes de presos enfermos de gravedad se remitían a los jueces para estudiar su posible excarcelación.
En la práctica, se instaba a los especialistas a evaluar no sólo la expectativa temporal de vida sino también la afectación en la calidad de vida del interno en el caso de seguir encarcelado.
La instrucción coincidió temporalmente con la decisión de un juzgado de negar la excarcelación del exministro Eduardo Zaplana, aquejado de leucemia y en situación de prisión preventiva desde mayo de 2018.
Su abogado alertó en varias ocasiones del «riesgo vital» para el exdirigente del PP, que pasó varias semanas en un hospital hasta que, en febrero de 2019, la jueza instructora del ‘caso Erial’ lo dejó en libertad provisional tras ordenar el bloqueo en Suiza de unas cuentas suyas.
