Jordi Sánchez ha declarado que no cree en la unilateralidad y que no llamó a la violencia.
El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ha manifestado este jueves ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que nunca llamó a la violencia en las movilizaciones que se realizaron en relación con el «procés» en Cataluña y que no cree en la unilateralidad como vía para alcanzar la independencia.
En su declaración, de dos horas y media, ha expresado su deseo de regirse por la Constitución, y ha explicado que trataron de presionar a otros partidos no soberanistas para llegar a un acuerdo para celebrar el referéndum, que finalmente se celebró pero sin validez alguna, según el mismo ha reconocido.
Además, según han informado a La Gaceta fuentes jurídicas, Sánchez ha reconocido que «el referéndum del 1 octubre fue ilegal», que «no hubo actos violentos, sí vandálicos«,como el sucedido a las puertas de la Consellería de Economía durante un registro para impedir el 1-O y durante el que tres coches de la Guardia Civil quedaron destrozados. También que «desde febrero de 2015 hubo una hoja de ruta con la ANC, Omnium, ERC y CDC, y que viene a confirmar los datos extraídos por los investigadores del documento Enfocats, incautado al segundo de Oriol Junqueras, y por el que Llarena ha imputado al expresidente catalán Artur Mas y a la dirigente de ERC Marta Rovira, entre otros». Tras su comparecencia, Sánchez ha pedido «in voce» su puesta en libertad.
En la misma misma se ha pronunciado e presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, cuya declaración ha comenzado sobre las 12.15, y se ha alargado durante una hora y media. Ha expuesto que la independencia de Cataluña solo debe ser perseguida respetando la Constitución y que el único referéndum válido será el que convoque el Gobierno de España.
Tanto Sánchez, como Cuixart y el exconsejero del Interior, Joaquim Forn, comparecen ante Llarena a petición propia. Ya estuvieron el pasado 1 de diciembre ante él. Por primera vez dan su versión sobre el ‘procés’, dado que en anteriores comparecencias judiciales se han negado a contestar o lo han hecho únicamente para expresar sus intenciones futuras.
Están en prisión preventiva en el marco de este caso porque el juez los sitúa en el eje central de una supuesta conspiración para la independencia que incluía tumultos violentos y porque cree que hay riesgo de que vuelvan a delinquir.
La declaración de Jordi Sánchez ha comenzado a declarar a las 9.45 horas. En función de como se desarrolle la comparecencia, los abogados de los acusados podrían pedir «in voce» al magistrado que los deje en libertad o incluso presentar un escrito para pedir su excarcelación. Si Llarena no acordara su puesta en libertad, las defensas estudiarían pedir su traslado a una cárcel catalana como ha hecho el expresident Oriol Junqueras.
Por su parte, VOX, que ejerce la acusación popular, han informado a La Gaceta que Javier Ortega y Pedro Fernández defenderán la permanencia en prisión de Forn y ‘Los Jordis’ al no haber cambiado ninguno de los motivos que justificaron su entrada en prisión.
En declaraciones a los medios, Javier Ortega Smith, secretario general de VOX, ha comentado que Los Jordis y el exconsejero van a hacer «un pequeño teatro» y contar algo «a la desesperada» para conseguir salir de prisión. «Esperamos un discurso que poco tiene que ver con la voluntad real de los investigados», ha señalado.
🔴🔴🔴 En estos momentos, VOX está defendiendo en el Tribunal Supremo, como acusación popular, la permanencia en prisión de Forn y los Jordis al no haber cambiado ninguno de los motivos que justificaron su entrada en prisión.
📣 #VOXÚtil #GolpistasEnPrisión pic.twitter.com/MgqYn2vDVj
— VOX 🇪🇸 (@vox_es) 11 de enero de 2018
«Nos consta que la vista será larga porque los investigados tienen intención de declarar extensamente sobre su situación personal», han apuntado.
La juez de la Audiencia Nacional envió a la cárcel a Sánchez y a Cuixart al asignarles el papel de «promotores y directores» de las concentraciones del 20 de septiembre, ya que ambos se mantuvieron al frente «durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes».
Además, Lamela destacaba que el 1-O, desde las mismas cuentas de whatsapp utilizadas para promover el asedio a los agentes de la Guardia Civil que acompañaban a la comitiva judicial, «realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales».
Con todo ello, según la juez, pretendían «impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución».
Las reacciones
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, se ha mostrado «pesimista» sobre la puesta en libertad de Los Jordis y Forn «porque ya se ha decidido mantenerlos en la cárcel como rehenes políticos».
En declaraciones a los periodistas a las puertas del Supremo, ha dicho que, de acuerdo a lo sucedido hace unos días con el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, se quiere que los «presos políticos» sigan en prisión. «¿Qué razón tendrían para cambiar puesto que el órdago ya lo lanzaron cuando fueron capaces de mantener en la cárcel a un hombre como Oriol Junqueras?», ha preguntado.
La Fiscalía pide investigar a Trapero como eje central del procés
Además de las comparecencias de este jueves, el magistrado Pablo Llarena, que ha absorbido el grueso de la investigación por el ‘procés’ hacia la declaración unilateral de independencia, interrogará en las próximas semanas a los líderes de la supuesta conspiración antes de, eventualmente, procesar por rebelión y otros delitos a la mayoría de los imputados.
Queda por fijar las comparecencias de los últimos investigados por el procés. Al grupo de imputados se han sumado recientemente el expresidente catalán Artur Mas, Marta Rovira (ERC), Anna Gabriel (CUP), Mireia Boyá (CUP); Marta Pascal (PdeCat), y a la presidenta de la Asocación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras.
Antes de que declaren estos, fuentes fiscales ven esencial la declaración del exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y a Josep María Jové, segundo de Oriol Junqueras en la Consejería catalana de Economía, y al que se le intervino el documento Enfocats con la hoja de ruta independentista.
La Fiscalía considera a Trapero el mando de la fuerza armada para alcanzar la independencia y cree que tanto él como Jové son los ejes centrales de la organización del procés».
Además del documento EnfoCats, que contenía toda la estrategia teórica del procés, a Jové se le incautó una agenda que recoge hechos concretos con personas identificadas como protagonistas. Estos y otros indicios figuran en los informes que la Guardia Civil entregó recientemente a Llarena, informes que dibujan el núcleo central del relato de hechos y sus protagonistas.
Son un grupo de 28 personas, un colectivo en el que destacan el expresidente del Govern Carles Puigdemont, huido a Bélgica junto a algunos ex consellers imputados y el exvicepresidente Oriol Junqueras. Junto a ellos, también es reseñable la implicación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
El magistrado considera claves también al exconseller de Interior, Joaquim Forn, y a los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Junqueras pide el traslado a una cárcel catalana
El pasado viernes el tribunal resolvió el recurso presentado por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras contra su ingreso en prisión preventiva. Decidió mantener a Junqueras en prisión porque puede reincidir en los graves delitos por los que se le investiga, dado que no cuentan con datos para entender que el recurrente tenga la intención de abandonar la vía seguida hasta ahora. Además, valoran que existen indicios de esos delitos: rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
El republicano ha pedido este miércoles el traslado a una cárcel catalana’ para reducir costes. La acusación popular ejercida por VOX se opondrá a esta medida porque “en estos momentos no está garantizado que no se produzcan actos de propaganda política” si se desplaza al golpista.
Los exconsejeros excarcelados bajo fianzas
El pasado 10 de noviembre quedó libre la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, tras pagar la fianza que le impuso el Tribunal Supremo una vez renunció a la vía unilateral, en una resolución que llevó a los separatistas encarcelados a revisar su estrategia defensiva.
Tanto ‘Los Jordis’ como los exconsejeros Raúl Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Meritxell Borrás, Jordi Rull, y Josep Turull se acogieron a la llamada ‘vía Forcadell’ con el argumento de que acatan el 155 de la Constitución. Acataron ante el juez la Carta Magna y la legalidad vigente, así como la aplicación del artículo 155, con el que, sin embargo, no se mostraron de acuerdo, y se comprometieron a actuar por el cauce legal a partir de ahora.
El pasado 4 de diciembre fueron excarcelados todos ellos bajo fianzas de 100.000 euros. El juez también les impuso comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, la prohibición de abandonar el país y la retirada de pasaporte.
La Fiscalía y la acusación popular que ejerce VOX habían solicitado al magistrado que mantuviera la prisión preventiva como media cautelar para todos ellos. Además, VOX recurrió las excarcelaciones, pero el juez rechazó su recurso y confirmó libertad bajo fianza de los exconsellers.
La Fiscalía se mostró en contra del recurso y el magistrado se hizo eco de los argumentos del fiscal en su escrito.
«El tiempo de permanencia en libertad (…) no se ha aprovechado por los investigados concernidos por el recurso para dirigir o materializar actuaciones de fuga, reiteración del delito o destrucción del acervo probatorio», decía el fiscal. Y el juez lo repitió en su auto de citando al Ministerio Público.
VOX, que no concurrió a las elecciones 21-D por considerarlas “un referéndum encubierto”, se comprometió a no abandonar a los catalanes, y ha comprometido sus “medios económicos y humanos en encabezar la acusación popular en los tribunales contra los golpistas exigiendo las más severas penas conforme a nuestro código penal, al daño causado al orden constitucional, a la economía nacional, a la imagen de España en el exterior, y a la alarma social generada”.
La formación liderada por Santiago Abascal, que se ha convertido en el principal azote del separatismo, lograría entrar en el Congreso de celebrarse ahora las elecciones generales, según el primer sondeo de 2018, elaborado por Sociométrica para El Español. Conseguiría un escaño y el 1,7% de las papeletas.
“Somos el único partido que defiende la unidad de España frente a los separatistas y reivindica la soberanía del pueblo español en Europa, que denuncia el infierno fiscal y el sistema autonómico como lastres para nuestra economía, que reclama una Justicia independiente, que defiende la Vida y la Familia y que aboga por el cierre de las mezquitas salafistas”, ha manifestado Abascal.
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