En su plan para materializar la república, los anticapitalistas exigen además el control de las infraestructuras estratégicas y del sistema judicial.
La CUP ha trasladado a JxCat y ERC un documento de propuestas de cara al debate de investidura que incluye «materializar la república» catalana, suspender el pago de la deuda pública y lanzar un extenso plan de choque social.
El documento, que los anticapitalistas expondrán este miércoles a JxCat y ERC en sendas reuniones negociadoras, se presenta como la «base» para alcanzar un eventual acuerdo con las dos formaciones para la investidura del presidente catalán.
En todo caso, los anticapitalistas advierten de que cualquier acuerdo deberá ser aprobado por la militancia en el Consejo Político que celebrará la formación el próximo sábado 27 de enero.
La CUP ha sostenido que el presente documento pretende ser «una propuesta política clara ante la poca concreción de programa de Gobierno y de parálisis propositiva de los actores con posibilidad de constituir un nuevo Govern».
La formación también pide que todas las decisiones del Govern y las iniciativas parlamentarias relativas a los puntos expuestos deben tener «una superior legitimidad» y deben ser aplicadas «a pesar de que puedan ser objeto de suspensiones o prohibiciones por parte de las instituciones del Estado».
En concreto, el documento incluye un total de 25 propuestas estructuradas en torno a tres ejes, «materialización institucional» «materialización social» y «materialización democrática» de la república, y entre las que se encuentran desde el acceso universal a la educación universitaria y hasta planes de choque contra la violencia contra la mujer y la corrupción.
Control de jueces y Policía
Para hacer efectiva esta «materialización» de la república, la formación anticapitalista considera necesaria la activación de un proceso y una asamblea constituyentes, además de constituir «organismos públicos de soberanía«, entre los que se encuentran una banca pública, la agencia tributaria catalana, una judicatura propia y el «gobierno soberano de los cuerpos policiales».
Asimismo, la CUP establece la necesidad de conseguir «la titularidad pública y la soberanía de las infraestructuras estratégicas mediante las correspondientes agencias públicas», aeroportuarias, de transporte y comunicaciones.
El documento también recoge una lista de propuestas sociales que permitirán «la materialización social de la república», como un plan de choque contra la pobreza, el aumento del salario mínimo hasta los 1.200 euros y la «garantía efectiva del derecho a la vivienda».
En materia educativa, la CUP recoge la propuesta de su programa electoral que pide la eliminación de los conciertos a los centros de educación privados que segregan por sexo y destinar esos fondos «a los centros de enseñanza pública que más lo necesitan».
La CUP también trasladará en este documento a JxCat y ERC la necesidad de iniciar un plan de choque contra la violencia contra la mujer que contempla medidas como una renta básica de 1.000 euros a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, la introducción de cuotas de paridad «en todos los ámbitos y cargos de decisión política» y la creación de un observatorio contra la violencia machista.
«El golpe de Estado del 155, así como su aceptación por parte de la Presidencia del Parlament, dejaron pendiente la tarea de materialización de la república», afirma la CUP en el documento, en el que se da por hecho que tanto el 1-O como la votación parlamentaria del 27 de Octubre «ratificaron la decisión popular» de que Cataluña se convierta en un «nuevo Estado independiente en forma de república».
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