La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, ha lanzado una grave advertencia sobre el creciente descontrol migratorio en las Islas Baleares, convertidas ya en una de las principales rutas de entrada ilegal a España y Europa. La causa, señalan, es clara: más de 17.000 vacantes sin cubrir en la Benemérita, lo que deja sin vigilancia amplias zonas costeras y desprotege a la población insular.
«La falta de personal no solo compromete la vigilancia del litoral, sino también la atención ciudadana, la seguridad vial y la lucha contra el crimen organizado», alertan desde la asociación. Una carencia estructural que, lejos de ser casual, refuerza las operaciones de las mafias de tráfico de personas, cada vez más organizadas y violentas.
Los datos son contundentes: más de 3.200 inmigrantes ilegales han llegado en patera a las Baleares este verano, aprovechando la práctica inexistencia de vigilancia efectiva. En enclaves como S’Estanyol (Mallorca), se han detectado furgonetas esperando en la costa para evacuar a los recién llegados, prueba del alto grado de planificación de estas redes criminales. Las escenas recuerdan a las de un desembarco coordinado, no a una emergencia migratoria improvisada.
Las islas Pitiusas —Ibiza y Formentera— se han convertido en auténticos coladeros. Más de 1.100 inmigrantes han arribado este año, en 65 embarcaciones. La situación es especialmente crítica en Formentera, donde no existe siquiera una estación del sistema SIVE (vigilancia costera), lo que facilita aún más las operaciones ilegales.
Además, la falta de alojamiento para los agentes impide cubrir las plazas asignadas, dejando a las islas literalmente sin defensa ante una amenaza creciente.
JUCIL no se sorprende. Llevan años denunciando el abandono sistemático del cuerpo y la falta de previsión del Ministerio del Interior. La situación, lejos de mejorar, se agrava cada verano con el aumento exponencial del turismo y el consiguiente refuerzo de las mafias, que ven en las islas una puerta abierta sin resistencia.
«El problema no es solo migratorio, sino de seguridad nacional», advierte la asociación, que considera que se está dejando a los agentes solos ante un escenario explosivo.
La falta de efectivos no solo permite el avance de las mafias de inmigración ilegal. También afecta a la seguridad vial, la atención al ciudadano y la lucha contra el narcotráfico y otros delitos. El resultado es una sensación generalizada de impunidad y abandono, tanto entre los ciudadanos como entre los propios agentes.
Desde JUCIL exigen con urgencia una política migratoria seria, realista y eficaz. «No se puede hablar de control fronterizo mientras se ignora la realidad sobre el terreno», concluyen.
