El PSOE y el Partido Popular rechazaron esta semana en el Congreso la iniciativa de VOX para prohibir las regularizaciones masivas de extranjeros. A la vez se ha conocido que el Gobierno de Pedro Sánchez intensificó el año pasado el número de extranjeros nacionalizados. Un total de 240.208 inmigrantes adquirieron la nacionalidad española, lo que supone un aumento del 32,3% con respecto a 2022. Las nacionalidades de origen más frecuentes fueron Marruecos (54.027), Venezuela (30.154) y Colombia (18.738).
Cataluña (60.846) y la Comunidad de Madrid (50.049) fueron las regiones con más adquisiciones de nacionalidad española… y de las 240.208 nacionalizaciones un 21,2% siempre había residido en España; el restante (78,8%) residió previamente en el extranjero. Las nacionalizaciones cambian evidentemente el censo electoral y sus consecuencias ya se perciben en países del centro de Europa. Los inmigrantes ya deciden el curso de las elecciones en Bélgica, Francia, etc.
Los llamamientos de federaciones y asociaciones (especialmente musulmanas) a votar a partidos de izquierda que alientan el «efecto llamada» son permanentes. En Francia la alianza entre socialistas, comunistas y verdes ha presentado un programa de cara a las legislativas del 30 de junio y del 7 de julio que supone un llamamiento a la inmigración masiva... y lo ha difundido en árabe.
En España, VOX es el único partido que es contrario a las regularizaciones masivas y denuncia los fraudes en la concesión de la nacionalidad española.
Así, la formación liderada por Santiago Abascal aboga por la imposibilidad de regularización de la situación de aquellos inmigrantes que acedan de forma ilegal a territorio español; la expulsión obligatoria de todos los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en España; la expulsión de inmigrantes legales que cometan delitos, aunque sean sancionados con una pena privativa de libertad inferior a un año; y la privación de nacionalidad de españoles que no lo sean de origen y hayan cometido delitos que sean castigados con pena privativa de libertad igual o superior a cuatro años, o igual o superior a un año en caso de reincidencia.
