Si hace unos meses Sánchez se repartía los magistrados del Constitucional con Pablo Casado y hace unos pocos menos lo hacía con Alberto Núñez Feijoo, esta semana su mapa ha quedado al descubierto: ceder la unidad nacional a los separatistas a cambio de su apoyo presupuestario en el último ejercicio antes de las generales. Y de paso, asaltar la Justicia.
El delito de malversación no era la zanahoria. El presidente del Gobierno apostó por el doble o nada. Ni Junqueras ni compañía cometieron un delito de sedición sino de desórdenes públicos agravados, ni dentro de poco se decidirá que malversaron caudales públicos y, por supuesto, podrán ir en las listas de las próximas elecciones catalanas. Y mientras los socialistas pusieron la miel en la boca con la reforma del Código Penal, llegó lo impensable.
El Gobierno pretende colocar a sus magistrados, no consensuados con la oposición, en el Tribunal de Garantías, so pena de responsabilidad penal para el vocal o mismísimo presidente del Consejo General del Poder Judicial que insistiera en el bloqueo. Ni la dimisión de Lesmes, ni la línea roja del PP, ni siquiera la advertencia de un monarca que ahora calla, han servido para nada. Y con una mayoría progresista en el Constitucional, ¿qué legislación de este Ejecutivo se verá frenada? Ninguna, ni siquiera un más que posible segundo referéndum independentista recurrido por VOX, Ciudadanos y quién sabe si por el PP.
En medio de este golpe al Estado de Derecho, cabe sopesar las opciones que ofrece el ordenamiento jurídico y que le quedan a España para salvaguardar el Poder Judicial, si enfrente no estuviese un Gobierno encabezado por alguien sin límites morales, aún menos legales:
Manifestaciones en la calle
El derecho de manifestación sería un instrumento con el que sociedad civil y partidos políticos podrían parar a Pedro Sánchez. Un derecho fundamental que el Gobierno ha intentado fagocitar durante los dos últimos años. Así como el presidente permitió las concentraciones del 8-M y de partidos políticos en la antesala del encierro de 2020, no dudó en limitar las protestas contra su gestión de la pandemia. Una limitación que el Ejecutivo replicó a los sindicatos no regados con dinero público que se manifestaron contra la deriva inflacionista.
A lo anterior se suma el fenómeno de la desafección política, probado con el termómetro andaluz y agravado por el silencio de unos muy bien pagados medios de comunicación. Además, se complica por una parte de la oposición que prefiere la nada antes que la foto de Colón.
Referéndum consultivo
Si los ciudadanos ya no se sienten representados y el principal líder de la oposición prioriza eso, continuar siendo el número uno del bloque conservador al bien de su país, ¿por qué no trasladar las riendas de su futuro a la propia ciudadanía? ¿Por qué no preguntar al español sobre la ilegalización de las formaciones políticas que vulneren la unidad de su nación? Salvo por el uso de la violencia o la defensa del terrorismo, no se puede ilegalizar a un partido que busque acabar con la unidad de España o el Estado de Derecho. Y este vacío legal está siendo la excusa perfecta de Sánchez para conculcar la separación de poderes consagrada en la Constitución y en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso sí, el referéndum consultivo ha de ser convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, y no parece concurrir ninguno de estos supuestos.
Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional
La menos surrealista de las tres. El Tribunal Constitucional podría convocar un pleno extraordinario de urgencia que resolviese los recursos y frenar así las reformas totalitarias de Pedro Sánchez. Ahora bien, cuando caducó el mandato de un tercio de sus magistrados, el Tribunal de Garantías pudo haber resuelto el doble recurso de inconstitucional de sendas formaciones, presentado contra el primer asalto de Sánchez al CGPJ. Una oportunidad que los magistrados conservadores reservaron para cuando el órgano hubiese materializado su renovación y que ahora podrían enmendar fallando a favor de los recursos presentados por VOX y el PP.
Por ello, ahora que se ha violado la «muy cualificada mayoría de tres quintos» exigida por la ley orgánica reguladora del poder judicial, ahora que se ha dejado de garantizar tanto «la absoluta coherencia con el carácter general del sistema democrático» como la propia «convergencia de fuerzas diversas», es el momento de analizar las bazas. No puede ser que un presidente del Gobierno conforme un Consejo General que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural. El poder judicial se derrumba mientras algunos esperan a las elecciones generales.
La alternativa: una moción de censura que sirva para adelantar las elecciones
La alternativa, más realista que las anteriores, es acordar un candidato de consenso que encabece una moción de censura para, en caso de sumar, forzar el adelanto electoral. Una propuesta lanzada por VOX, apoyada por Ciudadanos y, eso sí, rechazada por el PP. Para los populares, si las matemáticas parlamentarias no suman, la moción de censura no sirve para nada. El PP no se ve con el poder de convicción suficiente como para cambiar el voto de los socialistas descontentos o de los diputados de algunos de los partidos minoritarios en la Cámara.
