Hace justo un año, el portavoz y consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, convocó a los medios de comunicación para dar por finalizada, de forma breve pero solemne, la erupción volcánica en Cumbre Vieja tras 85 días.
«Lo que quiero hoy decir se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras, la erupción ha terminado», decía en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma tras una reunión del Pevolca en la que se certificaba que el volcán, que se había apagado unos doce días antes, dejaba de rugir.
Tras un año de trabajo por ir recuperando poco a poco la normalidad en la isla –el volcán obligó al desalojo de 7.000 personas, cubrió más de 1.200 hectáreas de lava y arrasó casi 1.700 edificaciones en total, entre ellas más de 1.300 viviendas–, la situación ha mejorado poco, advierten los afectados.
«Seguimos con mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, la cosa está igual o peor», resume Fátima Ramos, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Erupción de La Palma, quien reconoce que «uno de los mayores problemas» es la vivienda, con muchas personas aún en casas prestadas, viviendo con amigos o acogidos en tres hoteles de la isla –aún siguen así más de 140 personas–.
Ramos asegura que «hay muchas familias sin nada» y aunque ha habido dinero para los afectados y la reconstrucción –se han movilizado más de 600 millones–, cree que no se ha repartido de forma adecuada.
Además señala que falta mucha concreción en toda la legislación relacionada con el volcán pues aún no se ha aprobado el decreto que pretende regular el urbanismo en la zona de las coladas –«quizás para enero pero no nos han dicho nada»–.
Ante este contexto asume que hay que «seguir viviendo, mantener esperanzas e ilusiones vivas» pero «se nota en el ambiente» que la Navidad, en la comarca oeste de la isla, no es muy feliz. «No tenemos un hogar como el que teníamos y la incertidumbre de lo que va a pasar», señala, al tiempo que busca «fuerza para luchar» y que sus derechos y dignidad como afectados «se consigan».
Juan Vicente Rodríguez, de la Asociación social volcán Cumbre Vieja, critica que los afectados no tienen «valor ninguno» porque no se les tiene en cuenta, ni siquiera por «el dolor» que han sufrido a raíz de la erupción. Asume que «las ayudas son las que son», pero lamenta que no haya una ley específica para la isla que les «compense» de verdad por más que nunca vayan a tener lo que tenían.
