La exmilitante del PSOE Leire Díez fue la responsable de recibir las notificaciones sobre «cualquier delito electoral» que pudiera producirse durante las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022. Esta tarea le fue encomendada por Juan Manuel Serrano, entonces presidente de Correos y amigo personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Como es habitual en cada proceso electoral, Correos debía publicar un documento con instrucciones relativas a su participación en los comicios. Según ha revelado VozPopuli, en el apartado 4 del documento, titulado «Infracciones o delitos electorales», se especifica que «los Gerentes de las Áreas Geográficas que tengan conocimiento, en su área de influencia, de cualquier infracción o delito electoral relacionado con las competencias de Correos deberán informar de inmediato a la Junta Electoral o a la Autoridad Judicial correspondiente».
Asimismo, se establece que dicha información debía comunicarse «con carácter urgente al Comité de Seguimiento y Control de la Sede Central, a través de la Dirección Adjunta de Explotación o de la Subdirección de Relaciones Internacionales y ODS, integrada en la Dirección de Relaciones Institucionales y Filatelia». Este último departamento estaba bajo la dirección de Leire Díez, quien ha cobrado notoriedad recientemente tras la difusión de una grabación en la que supuestamente ofrecía favores judiciales a cambio de información comprometedora sobre el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas.
El documento firmado por Serrano insistía en que «el personal de Correos ha demostrado en anteriores procesos electorales una escrupulosa actuación», subrayando además la importancia de que sus empleados actúen con «absoluta neutralidad y máxima diligencia en el tratamiento y distribución de propaganda electoral, así como en la admisión, curso y entrega del resto de envíos electorales». También advertía que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General regula los delitos e infracciones que pueden cometer quienes participen en procesos electorales en el ejercicio de funciones públicas.
