En el centro del presunto fraude fiscal de 182 millones de euros vinculado al IVA en hidrocarburos, destaca la rápida concesión de una licencia mayorista a la empresa Villafuel, gestionada en tiempo récord por el Ministerio para la Transición Ecológica en septiembre de 2022. Este trámite administrativo, que suele tomar meses, fue firmado por Manuel García Hernández, entonces director general de Política Energética y Minas, y José Luis Pérez Cabo, subdirector de Hidrocarburos, bajo la supervisión de Sara Aagesen, actual vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica.
Villafuel, dirigida por Claudio Rivas, actualmente en prisión provisional, habría conseguido la licencia tras una reunión organizada por la trama Koldo, con la participación de Juan José Bidart, jefe de gabinete de Reyes Maroto, exministra de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Durante el encuentro, que se celebró en la sala noble del Ministerio de Industria, Bidart aseguró a los participantes: «Veréis a la ministra». Sin embargo, Maroto quedó al margen al tratarse de un asunto relacionado con la cartera de Ribera.
El esquema delictivo se centraba en la evasión fiscal mediante la creación de empresas fantasma que eran disueltas en pocos meses para evitar pagar impuestos. De los 182 millones defraudados, más de 70 millones fueron desviados al extranjero, según las investigaciones. La Agencia Tributaria, por su parte, no inició requerimientos hasta principios de 2024, más de un año después de otorgarse la licencia, evidenciando fallos graves en los sistemas de supervisión.
Además, las declaraciones de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional han añadido un nuevo capítulo al escándalo. Aldama, figura clave en la trama Koldo, admitió que organizó un encuentro en enero de 2021 entre miembros del Ministerio de Industria y representantes de la red de hidrocarburos para garantizar la concesión de la licencia a Villafuel. Este testimonio vincula directamente el caso Koldo con el fraude del IVA en hidrocarburos, consolidando uno de los mayores escándalos que enfrenta el Gobierno.
A pesar de la magnitud del fraude y las acusaciones que salpican a altos cargos, el Ejecutivo no ha anunciado auditorías ni revisiones de los procedimientos administrativos relacionados con la concesión de licencias a operadores mayoristas de hidrocarburos. Este silencio ha generado críticas por la falta de transparencia y la supuesta permisividad del sistema en un caso que implica pérdidas millonarias para el Estado.
