Los correos del vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid han desvelado que la asesora de Begoña Gómez intervino en trámites vinculados a la esposa del presidente del Gobierno que iban mucho más allá de las obligaciones propias del cargo que ocupaba en Moncloa. Así lo refleja un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incluye un conjunto de mensajes enviados y recibidos por Juan Carlos Doadrio, en los que Cristina Álvarez aparece como figura clave en la gestión de convenios y patrocinios para la cátedra universitaria dirigida por Gómez.
La documentación analizada muestra que Álvarez no utilizaba el correo oficial asignado en Presidencia, sino una dirección privada de Gmail desde la cual intercambiaba instrucciones con el vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM. En esas comunicaciones se ponía en práctica, según la investigación, las directrices de la propia Begoña Gómez, aunque en la práctica era la asesora quien asumía gran parte de esas gestiones. De hecho, el propio Doadrio admitió que mantenía más contacto con ella que con la mujer de Sánchez.
El papel de la asesora se extendió a la tramitación de acuerdos con una quincena de compañías. Entre ellas figuran multinacionales como Google, Indra o Reale. En el caso de esta última aseguradora, fue Álvarez quien transmitió al vicerrector la petición de la tecnológica para contar con un interlocutor en la Complutense y, además, quien negoció un apoyo económico anual de 40.000 euros para la cátedra. Con Mindway, la representante de Moncloa fue aún más allá, imponiendo cláusulas que obligaban a ceder un 10% de beneficios y limitaban el uso de contenidos si el contrato se rescindía.
La forma de proceder se repitió con otras empresas. Álvarez gestionó certificados de donaciones en nombre de Reale y participó en la negociación de adendas con Mercadona. Incluso intervino en detalles aparentemente menores, como la corrección de nombres en documentos firmados por la Red Española del Pacto Mundial. En un correo, por ejemplo, pedía disculpas por un error en los apellidos de los firmantes y enviaba el texto corregido a instancias de la Complutense.
El informe de la Guardia Civil también recoge que, en ocasiones, el vicerrector reenviaba correos inicialmente dirigidos a Gómez directamente a su asesora para obtener respuesta, como ocurrió con un documento de La Caixa cuya contestación llegó a la universidad después de que Álvarez interviniera. Estos ejemplos refuerzan, según los investigadores, la implicación activa de la asesora en tareas que excedían sus competencias formales.
Las pruebas reunidas se han incorporado a la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado, que mantiene investigadas a Begoña Gómez, a su asesora y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Marín, por un posible delito de malversación en la gestión de convenios y patrocinios de la cátedra de Transformación Social Competitiva.
