Los extranjeros ya son los dueños de casi el 50% de las viviendas en algunos municipios de Mallorca, una realidad que deja de ser una percepción para convertirse en un hecho medido por primera vez con datos completos del Catastro. La nueva estadística adelantada por Última Hora correspondiente a 2025 revela que en el conjunto de Baleares hay 92.030 inmuebles residenciales en manos de ciudadanos de otros países, el 16,02% del parque total, aunque el impacto real se concentra con especial dureza en determinadas zonas de Mallorca y del litoral insular.
Hasta ahora, el debate público se apoyaba sobre todo en los porcentajes de compraventa trimestral —cercanos al 40 % según los notarios—, pero faltaba una fotografía fija de cuántas viviendas ya han cambiado de manos de forma estructural. Esa imagen existe ahora y confirma que el fenómeno no es homogéneo: mientras algunos municipios presentan cifras moderadas, otros se acercan a una situación en la que la mitad del parque residencial ya no pertenece a propietarios nacionales.
El caso más extremo se da en Andratx, donde el 45,19% de las viviendas, un total de 4.315 inmuebles, están en manos extranjeras. Muy cerca se sitúa Deià, con un 44,12%, una proporción especialmente llamativa en un municipio pequeño y con una oferta muy limitada. Calvià ocupa el tercer lugar, con 14.694 viviendas de titularidad extranjera, lo que equivale al 42,59% de su parque residencial. A continuación aparecen Fornalutx (41,14%), Capdepera (38,14%) y Santanyí (35,21%), todos ellos por encima del umbral del tercio de vivienda ya fuera del control nacional.
La lista se amplía con Sant Llorenç des Cardassar (34,87 %), Pollença (28,57 %) y Artà (27,28 %), mientras que en Ibiza destaca Santa Eulària, donde el 26,82 % de los inmuebles residenciales pertenecen a extranjeros. También superan el 23 % Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Son Servera y Sant Lluís, en Menorca, lo que confirma que la presión inmobiliaria no se limita a enclaves aislados, sino que se extiende por amplias zonas costeras y de alto atractivo turístico.
Otros municipios, como Sóller, presentan porcentajes más bajos en comparación, pero igualmente preocupantes en términos absolutos. Allí hay 1.276 viviendas en manos extranjeras, el 19,4 % del total, suficiente para tensionar gravemente un mercado pequeño. El contraste lo marca Palma, que concentra 16.395 viviendas de titularidad extranjera, aunque su peso relativo se reduce al 9,18 % gracias al mayor tamaño del parque residencial.
Para el geógrafo Antoni Marcús, esta acumulación de vivienda en manos de propietarios de otros países es uno de los factores clave del encarecimiento sostenido del mercado, aunque no el único. A su juicio, en un territorio insular con suelo limitado, los precios terminan adaptándose a la capacidad adquisitiva de compradores que adquieren vivienda como inversión o refugio de valor, y no a los salarios de quienes viven y trabajan en las islas. El resultado es una crisis de acceso que deja de ser coyuntural para convertirse en estructural.
Los datos del Catastro no distinguen entre extranjeros residentes y no residentes, pero Marcús recuerda que otras fuentes, como los registradores de la propiedad y los notarios, apuntan a que una parte significativa de estas operaciones corresponde a ciudadanos europeos con alto poder adquisitivo que no residen de forma permanente en Baleares. Esa circunstancia, concluye, explica por qué el mercado inmobiliario acaba funcionando con reglas ajenas a la realidad económica de la población local y por qué la pérdida de patrimonio residencial se extiende como una mancha de aceite por buena parte del archipiélago.
