Quince fiscales del Tribunal Supremo se reunieron este martes para analizar los informes acerca de las posibles actuaciones terroristas elaborados por Álvaro Redondo, también fiscal del Alto Tribunal, quien a finales de enero apreció cinco indicios de terrorismo contra el figado Carles Puigdemont y cuatro días después se desdijo en un nuevo escrito afirmando que eran demasiado amplios para considerar que se produjo este delito, todo ello tras reunirse en privado con el fiscal General del Estado, el elegido por el Gobierno Álvaro García Ortiz. Estos quince fiscales se opusieron al criterio del segundo informe, considerando que sí hay indicios de terrorismo y se debe investigar.
También hay fiscales progresistas entre los que coincidieron en apoyar que el Supremo abra causa contra Carles Puigdemont y lo haga por terrorismo. Pese a todo, es improbable que esto ocurra y sea el criterio apoyado por la Fiscalía General del Estado, controlada por el Ejecutivo. Y es que la número dos de García Ortiz, Ángeles Sánchez-Conde, persona de su máxima confianza, será la encargada de elaborar un nuevo informe al respecto.
Muchos de los fiscales reunidos de urgencia este martes afirmaban que todo se trataba de una maniobra de García Ortiz «para salvar al Gobierno». Sánchez-Conde fue, además, designada por Dolores Delgado cuando tras ejercer como ministra de Justicia pasó a ocupar el cargo de fiscal General, también designada a dedo por el Gobierno. Todo parece indicar que no asumirá el criterio mayoritario de sus compañeros.
