En pleno debate sobre la constitucionalidad de la amnistía, que ha enfrentado al Gobierno de Pedro Sánchez con la mayoría de magistrados de España, son pocos los fiscales y jueces que alzan la voz. El Poder Judicial, aseguran fuentes consultadas, tiene «sus propios tiempos», ajenos al «oportunismo». Pero sí es cierto que una cantidad significativa de magistrados y fiscales han coincidido en su postura sobre los delitos de terrorismo de Puigdemont.
Precisamente tras los altercados de Tsunami Democrátic en 2019, que plagaron Barcelona de violencia callejera, la Audiencia Nacional consideró la existencia de delitos de terrorismo, que ahora están cercando a Puigdemont y podrían llevar al expresidente de la Generalidad al banquillo, enfrentándose incluso a cinco años de prisión. Ahora, sin embargo, ya son trece fiscales y cuatro magistrados los que avalan la investigación al prófugo de la Justicia.
No se trata únicamente del juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional. También los tres jueces que conforman la Sala de lo Penal han apoyado al titular del Juzgado de Instrucción Central número 6, que ahora se enfrentan a la presión del Gobierno y los partidos separatistas por acercar al banquillo a Puigdemont. Descartando toda «motivación política», la Audiencia Nacional ha cerrado filas con el principal magistrado del caso.
Son los magistrados Carlos Fraile, Alfonso Guevara y Francisco Javier Vieira los que apoyaron una resolución conjunta en favor de García-Castellón: «Debe destacarse que son absolutamente rechazables las alegaciones sobre una pretendida motivación política del ilustrísimo señor Manuel García-Castellón al dictar los autos del 6, 21 y 27 de noviembre, a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos políticos PSOE y Junts».
No han sido los únicos. También la Sala Penal del Tribunal Supremo ha avalado, con trece votos a favor, la exposición motivada de García Castellón. Un apoyo que ha llegado pese a los continuados impedimentos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Su última maniobra, sin embargo, parece que terminará por alejar a Puigdemont del banquillo. El dictamen del Supremo ha recaído en manos de Ángeles Sánchez Conde, número dos del fiscal colocado por el PSOE.
