El Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando todos sus recursos para blindar la ley de amnistía. Entre ellos, ha movilizado a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General para combatir y limitar las actuaciones de los magistrados. Aunque son muchos los jueces, como Manuel García-Castellón, que han denunciado la inconstitucionalidad de la ley, el Ejecutivo ha redoblado su apuesta.
Los ejemplos de esta reciente movilización son muchos: desde las causas judiciales de los CDR, Tsunami Democrátic hasta las investigaciones del caso Voloh y la trama rusa del procés, fiscales y abogados del Estado se están posicionando del lado de los separatistas por orden del Gobierno. No en vano hace apenas unos días el fiscal Miguel Ángel Carballo, de la Audiencia Nacional, recriminaba que los indicios recabados por García-Castellón son «insuficientes». Al tiempo que negó la acusación de terrorismo —al no existir ninguna «organización o grupo criminal» separatista—.
El caso del fiscal Carballo es parecido al del magistrado Joaquín Aguirre. El juez de la Fiscalía Anticorrupción, que instruye la causa de la trama rusa, se negó desde el primer momento a autorizar las escuchas a empresarios catalanes investigados por la Guardia Civil como colaboradores de la trama. Y pese al criterio contrario de Anticorrupción, el magistrado se felicitó por su trabajo.
Algo similar tuvo lugar el pasado mes de diciembre. El Juzgado de los Penal número dos de Gerona decidió suspender un juicio contra cuatro violentos de los CDR acusados por cortar las vías del AVE en 2018, en plenas protestas separatistas. A la petición de la defensa pronto se adhirió la Abogacía del Estado, que se puso del lado de los violentos y no del lado del Estado, en un caso en el que la Fiscalía se desmarcó.
La movilización de Sánchez para blindar su ley también ha llegado al Tribunal Supremo. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, retrasó su apoyo a los distintos fiscales que instruyen causas contra los delitos del separatismo. Hasta 19 fiscales del Supremo firmaron una carta reprochando el silencio de su jefe ante las «injuriosas insinuaciones» sobre un supuesto lawfare. Hace apenas dos semanas, García Ortiz se negó a que el Consejo Fiscal emita un dictamen sobre la ley de amnistía, tal y como solicitó Pedro Rollán, presidente del Senado.
Precisamente en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, el pasado 21 de diciembre, se escudó: «No me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos, la de todos los ciudadanos y ciudadanas, tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad sino también la apariencia de imparcialidad».
