Ha sido la pregunta repetida estos días, al hilo del debate abierto por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sobre la necesidad de ayudar a que los jóvenes puedan acceder a una vivienda: ¿y su gobierno regional qué hace? La respuesta es que el Gobierno de coalición PP-VOX promueve un amplio conjunto de medidas que van desde la promoción pública de nueva vivienda, el impulso a la rehabilitación, las ayudas al alquiler y la compra, y un amplio abanico de deducciones fiscales que ponen la prioridad en los jóvenes y en el asentamiento rural.
Todo ello dentro del marco competencial que corresponde a una comunidad autónoma, pues las competencias sobre vivienda están repartidas entre el Gobierno central, la administración autonómica y los municipios, que cuentan con una gran capacidad de actuación en materia de gestión de suelo.
Las iniciativas del Gobierno regional van destinadas a facilitar la compra de vivienda mediante descuentos, avales y bonificaciones fiscales, pero también fomentan el alquiler, dado que suele ser la primera vía para para emanciparse y poder formar una familia.
Las ayudas al alquiler buscan facilitar la situación a los arrendatarios y no contemplan el tipo de medidas punitivas contra los arrendadores que quiso impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez con su Ley de Vivienda, medidas que no se ha aplicado en Castilla y León ni en la mayor parte del país y que el Gobierno no puede imponer porque exceden de su marco competencial.
En el caso de Castilla y León, en lo que se refiere a los programas de construcción de vivienda está planificada la construcción de más de 1.200 viviendas de 60 metros cuadrados con alto grado de eficiencia energética y destinadas al alquiler de familias jóvenes. La previsión es que estén finalizadas en 2026.
Además, está planificada la construcción de viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes que contemplan un descuento para familias jóvenes de un 20% del precio de adquisición. Desde el inicio de esta legislatura se han construido y entregado ya 48 viviendas a familias jóvenes con recursos limitados a unos precios que no podrían plantearse si tuvieran que acudir al mercado. En construcción ahora mismo hay otras 136 viviendas y con las que están en estudio se sobrepasarán las 500 viviendas construidas a final de legislatura.
A ello hay que añadir el programa ‘Tuya’, específicamente dirigido a los jóvenes, que busca poner a su alcance viviendas en propiedad, o en alquiler, en diversos puntos de Castilla y León. Además, la Junta de Castilla y León avala a los jóvenes menores de 36 años con hasta el 17,5% del valor de compra de la vivienda para facilitar su acceso a un crédito hipotecario. De este modo, con tan sólo un 2,5% del coste del piso que quieren comprar pueden acceder a un préstamo (siempre que el importe máximo de la vivienda sea de 240.000 euros sin impuestos).
Aún más relevante es el programa ‘Rehabitare’ dirigido a jóvenes y familias con escasos recursos. Tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de la comunidad y fijar población en el medio rural a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Requiere por tanto la colaboración administrativa (y en su caso, financiera) de los ayuntamientos. El inmueble ha de ubicarse en un municipio cuya población residente sea inferior a 5.000 habitantes y el coste de la rehabilitación no podrá exceder de 80.000 euros más IVA.
El año pasado se ejecutaron 513 actuaciones por un importe total de 26,8 millones de euros. Cuando acabe la legislatura, en 2026, se prevé haber rehabilitado otros 294 inmuebles, con otros 26 millones de inversión. Es decir, cerca de 750 viviendas con una inversión de en torno a 50 millones de euros.
Dada la importancia del alquiler como primer modo de acceso a una vivienda, el Gobierno de Castilla y León cuenta con una convocatoria anual de ayudas al alquiler (nuevamente para jóvenes y familias vulnerables) que permite financiar entre el 50% y el 75% de la renta de alquiler a todos los solicitantes que cumplan los requisitos.
En el caso de Castilla y León, unas 15.000 familias podrán cubrir una buena parte de este gasto con cargo a los Presupuestos autonómicos de 2024, que han incrementado significativamente las partidas destinadas a este concepto. Así, si en los Presupuestos Generales de 2023 se destinó un gasto de 29 millones de euros, en los de este año se contemplan casi 35 millones, seis millones de euros más.
En el caso de los jóvenes, obtienen un porcentaje superior de ayuda: el 60% de la renta o precio mensual. En el supuesto de personas jóvenes y cuya vivienda o habitación esté ubicada en un municipio situado en el ámbito rural, el porcentaje a aplicar será superior (llegando al 75%).
Finalmente, hay que tener en cuenta el amplio capítulo de las bonificaciones fiscales, que contribuyen también a facilitar el acceso a la vivienda. Deducciones que en su mayoría están recogidas en la Ley 4/2024 de 9 de mayo de medidas tributarias, financieras y administrativas.
Así, en el caso de adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual por jóvenes en el medio rural, los contribuyentes podrán deducirse el 15% de las cantidades que hayan satisfecho durante el período impositivo para la compra o reparación de la vivienda que vaya a constituir su residencia habitual. La base máxima de esta deducción no puede superar los 10.000 euros (es decir, un máximo de 1.500).
En el caso de que los contribuyentes afronten obras de rehabilitación de su vivienda habitual (actual o que se vaya a adquirir) para conseguir eficiencia energética, Castilla y León contempla también una deducción del 15% de las inversiones relacionadas con instalación de placas solares, mejora de eficiencia energética, adecuación de la vivienda para personas con necesidades especiales y obras que supongan ahorro de agua. La base máxima de esta deducción no puede superar los 20.000 euros (es decir, un máximo de 3.000).
Una de las líneas políticas más insistentes del Gobierno de Castilla y León es el impulso al medio rural para facilitar el asentamiento de población. De ahí que existan líneas específicas dirigidas a esa finalidad. Como la deducción por rehabilitación de vivienda en el medio rural destinadas a su alquiler. Los contribuyentes que realicen actuaciones de este tipo podrán deducirse el 15% de las cantidades invertidas. La base de esta deducción no puede superar los 20.000 euros (es decir, un máximo de 3.000).
También hay bonificaciones por los gastos de arrendamiento habitual. Los contribuyentes menores de 36 años que durante el período impositivo satisfagan cantidades en concepto de alquiler de su vivienda habitual situada en Castilla y León podrán deducirse el 20% de las cantidades satisfechas con un límite de 459 euros.
En el caso de que el arrendamiento se refiera a jóvenes asentados en el medio rural, el porcentaje establecido en el apartado anterior será el 25% con un límite de 612 euros. El requisito es que la vivienda habitual se encuentre situada en un municipio, o en una entidad local menor que no exceda de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 habitantes, si dista menos de 30 kilómetros de la capital.
Otras ventajas fiscales en materia de vivienda para familias numerosas pasan por la aplicación de tipos reducidos. En el caso de las familias numerosas se aplica el tipo reducido del 4% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para adquisición de vivienda habitual (el tipo general es del 8%); y el tipo reducido del 0,5% en Actos Jurídicos Documentados para adquisición de vivienda habitual (el tipo general es del 1%). En el caso de los jóvenes se aplica el tipo reducido del 0,01%, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en el de Actos Jurídicos Documentados para un joven menor de 36 años adquirente de su vivienda habitual (si se cumplen otros requisitos de primera vivienda, renta, etc).
