El proceso judicial que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, parece encaminarse hacia la apertura de juicio. Las diligencias del magistrado instructor Ángel Hurtado han acumulado evidencias contundentes que complican el panorama procesal del máximo representante del Ministerio Público.
Un aspecto clave de la investigación radica en los dispositivos móviles de García Ortiz, que fueron borrados y descartados apenas una semana después de su imputación. Este hecho, junto con las inconsistencias en sus explicaciones, ha despertado sospechas en torno a sus actuaciones previas al lanzamiento de un comunicado polémico por parte de la Fiscalía. Aunque el comunicado en sí no incurrió en irregularidades, según afirmó el Supremo, las pruebas apuntan a una filtración previa de información sensible hacia La Moncloa, lo que habría facilitado su difusión a medios de comunicación.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha comparecido ante el magistrado para ofrecer detalles reveladores. Según su testimonio, en la noche del 13 de marzo de 2024, sospechó que los datos solicitados de manera urgente por García Ortiz acabarían saliendo a la luz. Lastra afirmó que se opuso a firmar una nota de prensa que consideró «orquestada» y que, según ella, fue impulsada por un grupo compuesto por García Ortiz, Pilar Rodríguez (fiscal provincial de Madrid) y Diego Villafañe (teniente de fiscal de la Secretaría Técnica).
Lastra recordó que llegó a preguntar directamente al fiscal general si había sido él quien filtró la información. Según relató, García Ortiz respondió de forma evasiva: «Eso ahora no importa«.
Otra pieza fundamental en este caso proviene de Julián Salto, fiscal encargado de transmitir los datos confidenciales la noche del 13 de marzo. Salto aseguró al juez Hurtado que en la Fiscalía no existe un «protocolo de borrado» de mensajes, desmintiendo las explicaciones iniciales de la cúpula de la institución tras descubrirse que el teléfono de García Ortiz estaba completamente limpio. Esta declaración refuerza las sospechas sobre la eliminación intencionada de pruebas relevantes.
El supuesto objetivo detrás de estas filtraciones, según sugieren las investigaciones, habría sido desacreditar a Díaz Ayuso utilizando información sobre su pareja. Documentos y testimonios han apuntado a la coordinación entre diferentes actores dentro de la Fiscalía para elaborar un «relato» que pudiera dañar la imagen de la presidenta madrileña.
Si las evidencias siguen acumulándose en su contra, García Ortiz podría convertirse en el primer alto cargo del Ministerio Público en sentarse en el banquillo de los acusados.