El bipartidismo ha enviado 165 millones de euros al Ministerio de Finanzas palestino desde 2008 en concepto de pago de salarios públicos, pensiones y apoyo presupuestario, según se desprende de datos oficiales publicados por la propia Moncloa y de las cantidades anunciadas por el Gobierno para el ejercicio 2025. Esta cifra se suma a un volumen mucho mayor de ayudas internacionales que la Autoridad Palestina recibe desde hace décadas por múltiples vías y de numerosos donantes, según avanza The Objective.
Una parte sustancial de estos fondos españoles se canaliza a través del llamado mecanismo Pegase, un instrumento de la Unión Europea concebido, al menos sobre el papel, para sostener el funcionamiento básico de la administración palestina y aliviar su situación socioeconómica. En la práctica, el dinero termina gestionándose fundamentalmente a través del Ministerio de Finanzas de la Autoridad Palestina, que actúa como receptor y distribuidor de los recursos.
Las últimas transferencias detectadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda incluyen conceptos como el «apoyo a funcionarios y pensionistas de la Autoridad Palestina», el refuerzo de la «gobernabilidad» del Ministerio de Finanzas o la financiación del «mecanismo Palestino-Europeo de gestión y ayuda socioeconómica Pegase», en sus distintos componentes. Bajo estas denominaciones técnicas se esconden aportaciones directas para sufragar el aparato administrativo palestino.
El propio Gobierno reconoce haber destinado en 2025 otros 50 millones de euros adicionales a la Autoridad Nacional Palestina para tareas de gobernanza, según una comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores fechada en noviembre. A esta cantidad se suman los más de 115 millones de euros que Moncloa admite haber transferido desde 2008 dentro del marco del Pegase. El resultado es una cifra acumulada que supera con holgura los 165 millones de euros procedentes exclusivamente de España.
Determinar el volumen exacto del dinero enviado a Palestina resulta, no obstante, extremadamente complejo. Las partidas se reparten entre distintos programas, ejercicios presupuestarios y organismos, lo que dificulta tanto el seguimiento de los flujos como la fiscalización real de su destino final. La opacidad no se limita a España, sino que afecta al conjunto del sistema internacional de ayudas que opera en la región.
Lo más llamativo es que, pese a la magnitud de los recursos movilizados —que, según estimaciones prudentes, superan ampliamente los 10.000 millones de euros en apenas unos años si se suman todas las aportaciones internacionales—, los resultados sobre el terreno distan mucho de los objetivos declarados. Ni la democratización ni la estabilidad institucional ni el desarrollo pacífico parecen haber avanzado de forma apreciable.
Antes incluso del estallido del último conflicto con Israel, la situación política y social en los territorios palestinos mostraba signos evidentes de deterioro. Lejos de consolidarse estructuras civiles sólidas, la región ha visto aumentar la radicalización, el enfrentamiento interno y la influencia de grupos armados que han impuesto un clima de violencia permanente tanto sobre la población palestina como sobre el Estado israelí.
Este contexto lleva a cuestionar el papel de la cooperación internacional para el desarrollo, con organismos multilaterales y agencias de Naciones Unidas como actores principales. Tras décadas de intervención y miles de millones invertidos, el balance resulta, como mínimo, desolador, y apunta a un fracaso estructural del modelo aplicado en Palestina.
En el caso español, basta con revisar las convocatorias y concesiones publicadas por el Ministerio de Hacienda para comprobar la intensidad de la actividad en materia de cooperación internacional. Cada crisis, y especialmente un conflicto armado como el de Israel y Palestina, actúa como catalizador de nuevas transferencias de fondos públicos.
Enviar cantidades crecientes de dinero a la administración de un territorio en guerra y bajo el control efectivo de organizaciones terroristas supone un riesgo evidente. En ausencia de controles exhaustivos, esos recursos pueden terminar financiando armamento, reforzando estructuras autoritarias o perpetuando dinámicas de poder que se alimentan del caos. Un escenario que obliga, como mínimo, a replantear la eficacia, la transparencia y la responsabilidad de este tipo de ayudas.
