El pasado 16 de diciembre la Ertzaintza activó un dispositivo especial de refuerzo policial en colaboración con las policías locales de la demarcación de Ibaizabal —municipios como Basauri, Galdakao, Etxebarri, Arrigorriaga y Ugao-Miraballes— para blindar las zonas comerciales durante las fiestas navideñas. El anuncio oficial hablaba de patrullas preventivas coordinadas y de una respuesta rápida ante el esperado repunte de robos y hurtos en un periodo de máxima afluencia de personas y de dinero en las calles. Datos a los que ha tenido acceso LA GACETA muestran que, en apenas dos semanas de operativo, se han registrado al menos 19 incidentes con detenciones, con un balance de 30 personas arrestadas por delitos que van desde el robo con fuerza en comercios hasta asaltos violentos en plena vía pública.
Lo que estos números ponen de manifiesto es una desproporción imposible de ignorar. Los extranjeros, que suponen el 10,20% de la población del País Vasco (226.367 personas sobre un total de 2.218.210 habitantes, según las cifras más recientes del Eustat y el INE a 1 de enero de 2025), concentran el 53,33% de las detenciones: 16 de los 30 arrestados. Pero el foco se vuelve aún más nítido al observar el colectivo magrebí —principalmente argelinos y marroquíes—, que con sólo 39.926 personas representa el 1,8% de la población vasca y, aún así, acumula 13 detenciones, es decir, el 43,33% del total.
Si ajustamos las cifras a tasas por población, el contraste resulta abrumador. Un español presenta una probabilidad de ser detenido en estos incidentes de 7,03 por cada millón de habitantes. Un extranjero la multiplica por 10, alcanzando las 70,7 detenciones por millón. Sin embargo, un magrebí eleva esa cifra hasta las 325,6 por millón: delinquen 46 veces más que los españoles y casi 5 veces más que el resto de extranjeros juntos. No se trata de una anécdota estadística, sino de un patrón que se repite y que cuestiona de forma directa el impacto real de una inmigración descontrolada sobre la seguridad de todos.
Los casos más graves, aquellos que generan mayor alarma social, se concentran precisamente en este colectivo. El 17 de diciembre, en Vitoria-Gasteiz, un magrebí de 25 años fue detenido por arrebatar violentamente el bolso a una anciana mediante un tirón en plena calle, un delito que no solo supone una pérdida material, sino que deja secuelas físicas y psicológicas en víctimas especialmente vulnerables. Apenas un día después, en Donostia-San Sebastián, tres hombres magrebíes de entre 26 y 34 años cayeron por una red organizada de hurto y receptación, con varios de ellos ya con antecedentes por hechos similares.
El 19 de diciembre, en Zalla, dos magrebíes de 26 y 30 años quedaron literalmente atrapados en el tejado de una vivienda que intentaban saquear, un método invasivo que pone en peligro la integridad de familias enteras. En Getxo, otros dos del mismo origen, de 32 y 35 años, asaltaron con violencia a un hombre para robarle sus pertenencias. En Irún, un magrebí de 26 años agredió directamente a su víctima en otro robo con intimidación. Ya en plenas fiestas, el día de Navidad, un sudamericano de 30 años vandalizó 17 vehículos estacionados en Donostia-San Sebastián, causando daños por miles de euros. Y días después, dos magrebíes más —de 22 y 34 años— fueron arrestados en Vitoria-Gasteiz por sendos robos con violencia, uno de ellos nuevamente mediante tirón.
No son hechos aislados ni excepcionales. Son actos que generan miedo en las calles, que obligan a los comercios a reforzar sus medidas de seguridad y que consumen recursos policiales extraordinarios en fechas que deberían ser de tranquilidad y convivencia. En paralelo, los detenidos españoles —14 en total— aparecen más vinculados a grupos organizados de ámbito local, como los cuatro arrestados en Ortuella por un alunizaje con vehículo robado o el caso aislado de tráfico de drogas en Andoain. La diferencia en la naturaleza y la violencia de los delitos es evidente.
La Ertzaintza ha demostrado eficacia en estas semanas, capturando a muchos de los autores in fraganti gracias al refuerzo desplegado desde el 16 de diciembre. Pero la eficacia policial no puede convertirse en un parche permanente para un problema estructural. Cuando un colectivo que apenas alcanza el 1,8% de la población vasca multiplica por 46 su presencia en las detenciones navideñas, y cuando los extranjeros en su conjunto —el 10,20%— generan más de la mitad de los arrestos, estamos ante la consecuencia directa de políticas migratorias que han perdido por completo el control. En un País Vasco que supera los 2,2 millones de habitantes y que ha visto crecer su población extranjera en más de 10.000 personas solo en el último año, esta realidad navideña no es una casualidad. La seguridad ciudadana no puede seguir pagando el precio de una inmigración sin filtros ni integración efectiva. La Navidad debería ser sinónimo de celebración segura, no de alerta permanente ni de estadísticas que duelen.
