La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelva a la «senda de cordura» tras sus recientes declaraciones sobre una posible cesión de competencias fiscales a Cataluña. Para los inspectores, esta vía representa una amenaza al equilibrio territorial y un desprecio al marco constitucional que regula la financiación autonómica.
La organización lamenta profundamente que se plantee una modificación unilateral del actual modelo de financiación, sin contar con el conjunto del Estado ni seguir los cauces normativos establecidos. A su juicio, abrir la puerta a una «financiación singular» para Cataluña supone dinamitar los principios de igualdad y solidaridad entre las comunidades autónomas.
IHE recuerda que lleva tiempo advirtiendo de las implicaciones que tendría un acuerdo entre el PSOE y ERC que conduzca a un trato diferenciado para Cataluña en el ámbito tributario. De hecho, hace unas semanas remitieron una carta a los presidentes de las comunidades de régimen común para alertarles y animarles a rechazar cualquier intento de otorgar privilegios fiscales a una sola región.
Desde la asociación aseguran que varios líderes autonómicos, tanto del Partido Popular como del PSOE, han respondido mostrando su inquietud ante esta posibilidad. Según explican, existe un creciente malestar en las comunidades ante lo que consideran una negociación asimétrica que podría fracturar el modelo de financiación vigente.
Además, los inspectores avisan de que no se quedarán de brazos cruzados. Si el Ejecutivo avanza por esta senda, anuncian que recurrirán a todas las herramientas legales disponibles para impedir que se formalice cualquier tipo de trato preferencial para Cataluña que vulnere el marco jurídico y los principios del Estado de Derecho.
En este contexto, la IHE lanza un llamamiento directo al Gobierno para que no utilice la Agencia Tributaria como elemento de negociación política y le reclama que garantice el respeto al orden constitucional. El organismo concluye que cualquier reforma del sistema debe realizarse con transparencia, participación de todas las comunidades y bajo los principios de equidad que rigen la unidad territorial.
