Un informe de Infoadex recogido por el sindicato Solidaridad ha sacado a la luz que la Administración Pública se ha convertido en la principal fuente de financiación de los medios de comunicación en España, superando la inversión publicitaria de cualquier conglomerado privado. El sindicato liderado por Rodrigo Alonso señala que «la realidad es mucho más grave».
Los medios de comunicación en España tienen dos opciones, señala, «vivir exclusivamente del dinero de sus anunciantes y consumidores privados o venderse al dinero fácil de los políticos a cambio de ser sus altavoces y no sus fiscalizadores. Casi todos eligen la segunda opción».
En España, el total de la publicidad privada alcanza los 12.214 millones de euros, desglosándose de manera que el 54% (6.520 millones) se destina a canales no tradicionales como redes sociales, influencers y otros soportes externos. De este modo, queda una porción de 5.693 millones de euros para los medios convencionales. Sin embargo, de esta última cifra, un 40% se consume en costes de producción e intermediación, lo que efectivamente deja a los medios convencionales con una entrada de 3.416 millones de euros. Esta cantidad contrasta notablemente con los 6.500 millones que estos medios solían recibir antes de la crisis de 2008, evidenciando un notable descenso en la financiación disponible para los medios tradicionales.
Los ocho grandes grupos mediáticos «reportan ingresos por 4.305 millones de euros en publicidad, a los que se suman 100 millones de los seis principales medios regionales y 110 millones de los doce más relevantes medios digitales, acumulando un total de 4.515 millones de euros en facturación. A esta cifra, es esencial añadir los ingresos de cientos de medios pequeños que también reciben publicidad institucional», señala en una nota el sindicato.
«Al contrastar esta facturación total con los 3.416 millones de euros procedentes de la publicidad privada, surge un déficit aparente de 1.100 millones de euros para llegar al total de 4.515 millones. Al detallar las contribuciones de publicidad institucional del año 2022, encontramos que el Gobierno central aporta 270 millones, las comunidades autónomas 237 millones, los ayuntamientos 118 millones y las Diputaciones Provinciales 98 millones, lo que aún deja aún de 377 millones de euros para alcanzar la cifra total«.
Además, cuando consideramos las contribuciones de los partidos políticos a la financiación de los medios, según datos del Tribunal de Cuentas durante 2022 se concedieron un total de 53 millones, donde destacan el PSOE con 22 millones y el PP con 19 millones. Sumando estas cantidades seguirían sin justificarse 324 millones de euros del total de 1.100. Los aportes de organismos públicos internacionales, incluyendo 17 millones de la UE y 2,5 millones de la ONU añaden 19,5 millones más a la cuenta.
«El factor que completa la financiación pública de los medios de comunicación en España son las ayudas directas proporcionadas por el Gobierno», manifiesta Solidaridad. «Estas subvenciones se otorgan bajo diversos conceptos como la digitalización de plataformas, la contratación de personal, el apoyo a la distribución de contenidos y la mejora de la señal y espectro radiofónico».
En el año 2022, el total de estas ayudas directas ascendió a 315 millones de euros, una cifra no menor que juega un papel decisivo en el sostenimiento financiero de los medios. «Con esta cantidad nos acercaríamos a la cifra total de 1.100 millones, que definitivamente quedaría dividida entre estos conceptos: 723 millones de las instituciones públicas a través de publicidad institucional, 53 millones de partidos políticos, casi 20 millones de organismos públicos internacionales y 315 millones de ayudas directas mediante subvenciones».
Solidaridad denuncia la «mafia mediática» que controla el clima de opinión de la sociedad española, que no sirve en ningún caso para fiscalizar al poder como contrapeso, sino que es «su gran altavoz de mentiras a cambio de 1.100 millones de euros». «Ningún medio quiere morder la mano de quien le da de comer y por ello Solidaridad denuncia que al igual que UGT y CCOO tienen secuestrados los derechos laborales de los trabajadores españoles, los medios de comunicación hacen lo propio con el derecho de información y sobre todo con el derecho de todos los españoles a conocer la verdad del régimen que lleva a España a la desaparición», concluye.
