Los monjes benedictinos a los que el Gobierno de España pretende expulsar del Valle de los Caídos con la creación de la Comisión Interministerial —el proceso se iniciará a partir del 2 de julio— no saldrán sin la firma de la Santa Sede: «Tenemos unos acuerdos y tratar de echarnos a la fuerza sería violentarlos«, confirman fuentes cercanas a los monjes. Y es que, en caso de no acordar este movimiento con una autoridad eclesiástica, sentarían un mal precedente, ya que posteriormente tendrían vía libre para echar a los agustinos del Escorial o cualquier otra comunidad religiosa de cualquier Iglesia: «Será difícil que el Vaticano acepte esto», aseguran.
A partir de ahora, con la comisión vigente, empezará a correr el reloj y se realizará el proceso administrativo previsto para la aprobación del reglamento: «Requerirá informes de los distintos ministerios, del CGPJ y del Consejo de Estado«.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya confirmó que las intenciones del Gobierno respecto a los monjes benedictinos en el Valle de los Caídos eran claras: «Queremos que se vayan. Debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra y lo que vino después. No cabe que se queden«, reiteró a finales de mayo. Este planteamiento es parte de una «resignificación» del lugar, que incluirá la apertura de un estudio con propuestas de expertos.
En relación con el nuevo estatus del Valle, Torres aseguró que la posición de la Iglesia Católica respecto al Estado y a la sociedad «se verá reforzada» mediante la «cooperación» en la reubicación de los religiosos. No obstante, la Fundación Francisco Franco ha señalado que cualquier intento de llevar a cabo estas acciones debe respetar los acuerdos vigentes entre España y la Santa Sede, que incluyen «un convenio que no puede romperse de forma unilateral».
Por otro lado, Torres ha informado de que se han identificado los restos de una víctima del Valle de los Caídos procedente de Borja, Zaragoza. «He comunicado a la familia la identificación de los restos de una víctima del municipio de Borja, la primera víctima de la comunidad de Aragón identificada en el Valle», apuntó. Desde el inicio de los trabajos de exhumación el 12 de junio de 2023, se han identificado un total de doce víctimas.
Recientemente, 70 muestras del Valle han sido trasladadas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiente del Ministerio de Justicia, para su identificación genética. Ante la oposición de algunas familias, Torres sostuvo que nadie con un familiar enterrado «en cualquier otro punto de la cripta» puede reclamar que se paralice una exhumación en otro lugar «que no le atañe».
