La capital navarra se encuentra al borde del colapso. En las últimas tres semanas, los delitos por robos han aumentado un 60%, y más del 90% de los implicados son de origen magrebí, según datos a los que ha tenido acceso exclusivo LA GACETA. «La ciudad no da para más», reconocen textualmente las fuentes policiales consultadas, en un grito de auxilio que pone de manifiesto el fracaso de las medidas paliativas adoptadas hasta la fecha.
Todo comenzó con el brutal episodio que conmocionó a la ciudadanía el pasado 28 de octubre, cuatro inmigrantes de origen magrebí violaron a una joven que regresaba de una fiesta universitaria en las inmediaciones de la carpa del campus, dejándola semiconsciente y abandonada contra un árbol. El suceso, que trascendió a todos los medios nacionales, generó una ola de indignación y miedo entre los pamploneses. Horas después, la juez de guardia decretó el ingreso en prisión provisional de los cuatro detenidos, acusados de agresión sexual en grado de tentativa, en un intento de dar respuesta inmediata a la barbarie.
La presión social y policial no se hizo esperar. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exigió una «actuación inmediata» de las instituciones locales y autonómicas para desmantelar los asentamientos ilegales que albergaban a más de un centenar de inmigrantes ilegales, epicentros de robos con violencia, apuñalamientos y agresiones que triplicaban la carga de trabajo de los agentes sin un aumento proporcional de recursos. El Ayuntamiento de Pamplona accedió y procedió recientemente al desalojo de estos chabolismos improvisados. Sin embargo, lejos de resolver el problema, la medida ha empeorado la situación: según fuentes de la Policía Municipal, ahora mismo unas cien personas —la mayoría magrebíes sin alternativa de alojamiento— deambulan por las calles, generando desórdenes públicos y un repunte alarmante de la delincuencia.
Las últimas horas son un fiel reflejo de este caos descontrolado. Según las fuentes consultadas, el miércoles por la noche, en el oscuro parque del Bosquecillo, dos individuos atracaron a puñetazos y con una botella rota a un hombre que revisaba su teléfono en un banco. Uno de los detenidos, un argelino en situación ilegal que apenas llevaba cuatro días en Pamplona tras llegar desde Cataluña, encabezaba el asalto junto a otro de origen europeo del Este. El móvil de la víctima fue recuperado tras una persecución policial, pero el incidente ilustra la movilidad y la impunidad de estos grupos criminales de origen extranjero.
No queda ahí la espiral. Horas antes, en el Casco Antiguo, un individuo de 32 años de origen magrebí fue detenido por intentar acceder a un piso en obras, un suceso que se sumaba a un hurto cometido poco antes por el mismo individuo. Y según las mismas fuentes policiales, en las últimas 48 horas, todos los arrestos en distintas operaciones han recaído en personas de origen extranjero, consolidando un patrón que las autoridades ya no pueden ignorar.
El detonante de la agresión sexual pudo haber sacudido la conciencia colectiva, pero un mes después Pamplona sigue presa de la misma inseguridad. Los datos de la Policía Municipal, del que LA GACETA ha tenido conocimiento, desglosa con crudeza las cifra, un incremento del 60% en robos que no son un espejismo, sino la consecuencia directa de la inmigración ilegal desbocada. Más del 90% de los autores identificados proceden del Magreb, muchos recién llegados y sin arraigo, lo que agrava la sensación de vulnerabilidad en barrios como el Casco Antiguo o las zonas periféricas.
«La ciudad no da para más», insisten las fuentes consultadas, que alertan de un «efecto dominó» si no se actúa con contundencia. Desde refuerzos policiales hasta controles fronterizos más estrictos y alternativas reales de expulsión para los inmigrantes ilegales reincidentes. Pamplona exige soluciones, no más parches.
