La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ha sometido a votación incluir en la agenda de debates una petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que desde 2017 reclama al Parlamento Europeo actuar para que se garantice el derecho de los padres de Cataluña a educar a sus hijos en español, especialmente en el caso de aquellos desplazados por motivos laborales desde otras regiones de España.
Dicha petición alega que la inmersión lingüística total en Cataluña supone una «discriminación» para niños que no hablan el idioma, cuyos padres se han desplazado a la región catalana para trabajar, y que a menudo les supone un grave perjuicio pedagógico. Además, al significar una barrera «de facto» a la movilidad entre provincias españolas, y por tanto regiones europeas, la petición considera que “constituye una limitación a la circulación y residencia en un Estado Miembro de la Unión”.
Tras ser enviada desde la Comisión de Peticiones de la Eurocámara a la Comisión de Libertades Civiles, su debate e inclusión en la agenda ha sido rechazada con 35 votos a favor del bloqueo -incluyendo entre otros los del PSOE y Renew Europe, el grupo europeo al que pertenece Ciudadanos– frente a 30 votos que optaban porque se debatiera la protección a los padres de Cataluña.
Con esta votación termina el recorrido parlamentario de la petición, que muere con el bloqueo de los liberales europeos y del PSOE, que una vez más elige proteger a sus socios de Gobierno separatistas para que continúen aplicando el rodillo discriminatorio contra la libertad de las familias y el derecho a la educación de los menores de Cataluña.
Esta votación se produce tras la reincidente desobediencia de la Generalidad catalana para aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dio un ultimátum al Gobierno regional para que aplicara antes del 30 de mayo la resolución que obliga a que al menos el 25 por ciento de las clases se impartan en español.
El Gobierno de autonómico ha aprobado un decreto en el que certifica su negativa a instaurar una cuota mínima de asignaturas en español en los colegios y obliga sus directores a cumplir sus directrices para mantener el catalán como única «lengua vehicular«.
Ante esta nueva «rebeldía totalitaria» del gobierno secesionista, VOX ha pedido aplicar el artículo 155 en Cataluña para restituir el orden y el respeto a la ley, y ha recordado que continuará dando la batalla por la libertad lingüística y educativa «en todos los ámbitos y en todas las instituciones».
