La violencia política ejercida de manera sistemática y prolongada contra el enemigo, por más que el discurso oficial sostenga lo contrario, es rentable para quien la emplea, mas no para quien la sufre. No hay que irse muy lejos. Tenemos el caso del País Vasco, donde el terrorismo de ETA no sólo era eficaz en la eliminación física del adversario, sino en cuanto que efecto disuasorio.
La imposición del terror genera siempre una espiral del silencio que paraliza al adversario, que teme decir la verdad y expresarse con libertad en el ámbito público hasta el punto de creerse en minoría. Este retroceso es paralelo al avance de los bárbaros que van ocupando el espacio público en televisiones y centros de enseñanza, especialmente las universidades. La política, ya se sabe, no admite espacios vacíos.
De este modo las décadas de crímenes han tenido una traducción electoral evidente. Si en 1998 y 2001 el PP fue el segundo partido más votado en las autonómicas vascas y en 2009 sumó con el PSOE una mayoría absoluta que conformó el primer e histórico gobierno no nacionalista de la región, ahora el separatismo ocupa 52 de los 75 escaños del Parlamento vasco.
Con Bildu en las instituciones —Tribunal Constitucional mediante— el separatismo vasco nunca ha tenido tanta fuerza como ahora. El abandono del Estado en la región se plasmó de manera gráfica en las últimas elecciones de 2020 con los 31 escaños del PNV y los 21 de Bildu frente a los 10 del PSOE, los 6 del PP-CS y un único de VOX. Una mayoría nacionalista ha aplastado a quienes en su día defendieron la unidad de España y ahora han arriado la bandera sin intención de izarla.
Por supuesto, muchos de los que votaban opciones no separatistas dejaron de hacerlo por otra razón: emigraron. Según datos del Proyecto Retorno elaborado por el Instituto Vasco de Criminología en 2011, se calcula que entre 60.000 y 200.000 personas han huido del País Vasco por la coacción y la atmósfera asfixiante provocadas por la pinza ETA-PNV, ya sea en su versión terrorista o en la cultural, social y política.
Este dato es ocultado al igual que el origen de la violencia política en España, donde todo separatismo siempre ha acompañado su acción de un grupo terrorista: Resistencia Galega en Galicia, Terra Lliure en Cataluña y ETA en el País Vasco. El caso más evidente ha sido el del PNV y ETA, pues mientras unos mataban, otros explotaban la vía negociadora y pactista. En ambos casos el Estado era dañado, chantajeado y humillado. Dicho de otro modo: unos agitaban el árbol y otros recogían las nueces. Arzalluz, al menos, confesó sus ganancias: «He conseguido más de Aznar en 14 días que en 13 años de Felipe González».
El desafío al Estado, por tanto, que representó el terrorismo de ETA no ha sido en vano. Los terroristas, aunque mermados en su estructura por la acción eficaz de la Policía y la Justicia durante décadas, han cosechado una recompensa tan sólo por dejar de matar tras medio siglo de crímenes. Zapatero ha reconocido que la factura que paga el Estado es tragarse el chantaje de las pistolas: «Les dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían juego en las instituciones, y eso hay que mantenerlo».
Ya no hay terrorismo pero sí violencia política. Hace unos días varios militantes de Vox fueron agredidos durante un acto de campaña electoral en Marinaleda. Una ceja rota, un intento de atropello y varios agredidos. Todos de Vox, aunque si es por los titulares no queda claro quiénes son los agresores y los agredidos. «El boicot a un mitin de Vox en Marinaleda acaba con un herido entre insultos y agresiones (El Mundo)». Los hay peores: «El mitin de Vox en Marinaleda: la caricatura de las dos Españas», titula Diario de Sevilla, cuya crónica comienza así: «¿Recuerdan ese cuadro de Goya en el que dos españoles se baten a mamporrazo limpio en pleno campo? Pues esa pintura se le viene a la mente a un servidor al ver la gresca que se ha montado este viernes en Marinaleda». Eldiario.es: «Insultos, agresiones y un herido leve en la presentación de Vox en Marinaleda»; El Confidencial: «El desembarco de Vox en Marinaleda se salda con agresiones, insultos y un intento de atropello».
En Marinaleda, por cierto, La Sexta envió a un reportero a buscar por la calle a los 44 vecinos que votaron al partido de Abascal en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018. Un señalamiento que obedece a esta misma estrategia de estigmatización y hostigamiento.
Como vemos, este goteo continuo de ataques, coacción e intimidación siempre favorecen a quien lo ejerce. Por más que la corrección política lo niegue, la violencia es un arma revolucionaria que proporciona jugosos réditos políticos. Una estrategia sistemática de demonización del adversario en todos los ámbitos públicos —parlamento, calles, medios de comunicación y aulas— genera un clima adverso casi imposible de revertir.
Y aunque formalmente es el Estado quien ostenta el monopolio de la violencia, fuera de los cauces legales la ejercen en un porcentaje altísimo grupos de extrema izquierda y separatistas. Así, uno de los hitos más recientes fue el golpe catalán del 1 de octubre de 2017 con un referéndum de independencia que jamás se habría celebrado si el separatismo no hubiera sido capaz de desbordar las calles para atacar a policías y edificios del Estado.
En definitiva, la violencia en España es un fenómeno que no se entiende sin ninguna de sus tres patas: los que la ejercen (extrema izquierda y separatistas), los que la padecen (Vox y, en menor medida, Cs y PP) y quienes la amparan (medios de comunicación) con su silencio o equidistante complicidad.
