Salvar el Archivo de Salamanca emprenderá acciones judiciales contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña para que devuelvan lo expoliado.
El abogado del Estado y expresidente de Banesto Mario Conde ha atribuido a razones políticas la fragmentación del Archivo de Salamanca en alusión al envío de los denominados «papeles de Salamanca» a la Generalitat de Cataluña y el que considera incumplimiento de las resoluciones judiciales. El exbanquero ha formalizado su incorporación a la junta directiva de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, al igual que lo han hecho casi una decena de personas relacionadas con los ámbitos del Derecho, la empresa, la cultura, la docencia y el periodismo.
«Me alegro estar aquí», ha subrayado Conde, quien ha argumentado esas razones políticas para el envío de documentos a Cataluña que se inició con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en enero de 2006 por la presión de «determinados partidos catalanes».
En este sentido ha ironizado sobre si el Ejecutivo «necesitaba esos votos -los de las formaciones catalanas- para otra finalidad y que luego ese respaldo se tradujo en «la fragmentación de un archivo histórico».
Asimismo, ha denunciado que la Generalitat de Cataluña haya actuado como «juez y parte» en la selección de los documentos de acuerdo a la Ley de Restitución y que «ha cometido abusos». Estos excesos los ha asignado que a que «muchísimos documentos no catalanes han sido trasladados», entre ellos de Valencia, Murcia, Madrid, Asturias y de Aragón.
Conde ha lamentado que además de llevárselos de manera indebida no se hayan fotocopiado y que los que no han podido ser entregados a sus legítimos propietarios, tal y como contempla una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), no han vuelto al Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) antes Archivo General de la Guerra Civil.
En este sentido, ha evidenciado que el Gobierno de España y en concreto el Ministerio de Cultura, a pesar de ese fallo judicial no esté haciendo «nada», una circunstancia que ha echado la culpa al color político del actual Ejecutivo que fue el mismo que ordenó el traslado, el PSOE.
Ha justificado la existencia de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca porque el Estado «renuncia a hacer lo que tiene que hacer como cumplimiento de resoluciones judiciales».
También ha confesado que le gusta que la agrupación sea un movimiento «estrictamente de la sociedad en defensa de unos archivos que son patrimonio de todos los españoles».
Reclamación administrativa
Conde ha afirmado que gracias a la labor de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca se recuperará el Patrimonio Español, retornando al Archivo Nacional en Salamanca y «esperemos que el Estado cumpla con su misión». Si bien, ha explicado que van a seguir caminos legales con demanda civil y contenciosa.
Ha reiterado que detrás de la «inacción del Estado parece existir una ilógica política que ha afectado tanto al PP como al PSOE».
Por su parte, el presidente de la Asociación, el investigador Policarpo Sánchez, ha insistido en que a partir de octubre el colectivo iniciará la reclamación vía administrativa o si se rechaza, con un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, para lograr la devolución de los archivos expoliados.
También demandará vía civil, penal o ambas a altos cargos de la Generalitat que entregaron documentos a quienes no habían sido sus propietarios.
Por su parte, el periodista Hermann Tertsch, que también ha pasado a formar parte de la junta directiva de la Asociación se ha referido a la «situación extraordinaria» que vive el país. «Hay zonas de España donde no se pueden ejercer las libertades, donde no se aplica la Constitución y donde se destruyen documentos», ha asegurado.
Ha acusado a la Generalitat de Cataluña del «adoctrinamiento en el odio y la hispanofobia» y del «secuestro de partes de la historia que aluden a Cataluña y la posible destrucción de esas partes que no les convienen para la historia que están inventando».
