El Ministerio del Interior ha reafirmado que Bildu debe cobrar subvenciones del Estado pese a incluir a condenados de ETA en sus listas municipales y ha subrayado que todos los candidatos de la formación batasuna firman un documento «en el que se comprometen a renunciar a la violencia para lograr objetivos políticos».
La controversia se suscitó a finales de febrero en el seno del Tribunal de Cuentas cuando el Pleno discutía la aprobación del informe de fiscalización de las elecciones locales de mayo de 2023. Cuatro de los consejeros recordaron que en esos comicios Bildu incluyó a 23 candidatos que habían cumplido condenas por delitos de terrorismo y remarcaron que el artículo 127.4 de la Ley Electoral prohíbe dar subvenciones a formaciones que integren a condenados por terrorismo salvo que hubieran «rechazado públicamente los fines y los medios utilizados».
En un voto particular estos consejeros argumentaban que el Tribual de Cuentas tenía que bloquear el abono de las subvenciones electorales a Bildu. Sin embargo, en el Pleno del Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano se impuso el criterio de la mayoría, que considera que la certificación del rechazo al terrorismo no es una tarea del fiscalizador, sino de que quien abona las subvenciones, que es la Dirección de Política Interior del Ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska.
Interior ha explicado que da por cumplido el requisito legal del rechazo al terrorismo y comunica al Tribunal que ha adoptado las medidas pertinentes para el abono de las subvenciones reclamadas por la formación que lidera Arnaldo Otegui, exmiembro de ETA.
