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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Más de 35 catedráticos cargan contra Montoro y censuran su afán recaudatorio

Presentan un documento en el que critican que la Administración trate al ciudadano como «súbdito» y denuncian el mal uso de los fondos públicos.


Más de 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de diversas universidades españolas han alertado de que la ausencia de un control jurídico sobre los gastos públicos propicia «despilfarro» e inversiones «totalmente improductivas» y han criticado que la Administración trate al ciudadano como súbdito.
Estas consideraciones se recogen en la denominada «Declaración de Granada«, un documento firmado por estos docentes, que han analizado la evolución de su especialidad desde que nació hace medio siglo.
El texto critica la ausencia de un control jurídico sobre los gastos públicos y estima que está propiciando «el despilfarro y las inversiones totalmente improductivas, económica y socialmente», que satisfacen «intereses y caprichos individuales y no necesidades colectivas». El grupo reconoce que queda «mucho por hacer» sobre la concreción de los principios de justicia financiera y aprecia una «involución», ya que considera que la Administración Tributaria no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como «súbditos».
La «Declaración de Granada» apunta que no se respeta el principio de igualdad porque la tributación distingue el origen de sus rentas y, sobre todo, porque existen diferencias «o discriminaciones» por razón de la residencia dentro del país. «El saqueo, el derroche o simplemente el mal uso de los fondos públicos no justifican de ninguna manera cualquier forma de objeción fiscal», señala la declaración, que ha criticado además que parezca que el afán recaudatorio se ha convertido en el «único objetivo» de los órganos tributarios, «con olvido de los derechos y garantías individuales».
Los firmantes, entre los que se encuentran Álvaro Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal Constitucional, y los catedráticos José María Martín Delgado, Juan Martín Queralt, José Manuel Tejerizo, Fernando Pérez-Royo o Matías Cortés, censuran que las grandes corporaciones puedan «escapar al control tributario» gracias a sus grandes recursos y arremeten contra contra los pactos con los nacionalismos, aunque sin citarlos.
Asimismo, aseguran que es peligrosa la fragmentación de la unidad de la Hacienda pública española y piden al Gobierno central que «ejerza de forma activa su competencia exclusiva de armonización y regulación». También critican el deterioro de la seguridad jurídica, «fruto en muy buena parte del abandono de los conceptos dogmáticos sobre los que se asentó el nacimiento de nuestro Derecho Tributario».

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