El 54% de los protocolos educativos de las comunidades autónomas permiten que un menor comience su «transición de género» y cambie su nombre y vestimenta sin necesidad de consentimiento paterno.
Así se desprende de un reciente informe de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres (ACBM) que ha analizado los protocolos educativos que 12 gobiernos regionales –Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y País Vasco– aplican en los colegios de acuerdo a sus leyes LGTBI autonómicas.
Aunque todavía no se han adaptado a la norma estatal, la mayoría de estos protocolos aplican desde hace años el «derecho a la autodeterminación de género» así como postulados similares a los que establece la ley del Ministerio de Igualdad aprobada en febrero.
El informe de la ACBM pone de manifiesto que la normativa de la mayoría de colegios no exige un cambio registral ni un informe médico o psicológico para iniciar la transición de un menor —como ocurre con la norma estatal—. Es más, el 54% de estos protocolos tampoco exige un consentimiento previo de los padres para que los menores cambien de nombre, «pronombres» o su forma de vestir.
Además de que en la mayoría de centros se prevé el cambio de sexo del alumno sin los requerimientos citados, el 100% de los protocolos incluye una denuncia por maltrato psicológico en el caso de que los padres se opongan al cambio de sexo de sus hijos y un 77% prevé algún tipo de actuación externa sobre los progenitores o tutores legales que no acepten las medidas planteadas por el centro sobre el menor y se nieguen a firmar el documento de aceptación.
Para la ACBM, la aplicación de estos protocolos en 13 de las 19 regiones españolas representa un grave riesgo sobre la patria potestad y la autonomía de los padres en la educación de los hijos y fomenta la «transición social, farmacológica y quirúrgica en menores».
«Estos cambios lejos de fomentar un crecimiento en libertad refuerzan los estereotipos sexistas más reaccionarios que marcan parámetros rígidos de masculinidad y feminidad y promueven los comportamientos sexistas diferenciados para las niñas y los niños», asegura ACBM.
El 100% de los protocolos permite el uso de los baños de acuerdo al «sexo sentido»
La aplicación del «derecho a la autodeterminación» en los centros también incluye, a cualquier edad, el cambio de nombre en la documentación administrativa del centro sin que, previamente, haya habido un cambio registral. «No hay un reconocimiento legal ni se sigue un procedimiento legal garantista», denuncia la Alianza.
De acuerdo a los protocolos autonómicos, cuando un alumno se autodiagnostique como «trans» o sea «detectado» como tal por algún miembro del centro, todo el alumnado tendrá que aceptarlo sin reservas. «Aceptar su nuevo nombre, pero también que use los baños y vestuarios de acuerdo a su ‘sexo sentido’ o a su género autopercibido. El 100% de los protocolos lo permite y cualquier resistencia será considerada acoso», explica el informe que asegura que estas normas convierten al profesorado en «policías de género».
Según el documento, un 46% de los protocolos obliga al profesorado a usar materiales educativos o documentación de apoyo con «ideología transgenerista» incluso aunque contengan términos no científicos como «sexo sentido» o «sexo asignado al nacer» o términos como «personas gestantes» o «personas menstruantes» para sustituir la palabra mujer.
Y en un 54% de los protocolos se prevén medidas disciplinarias para el personal docente y no docente en caso de no colaborar en reafirmar la disforia de un menor.
