Seis meses después de la devastadora riada que arrasó buena parte del levante español, especialmente la provincia de Valencia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez apenas ha entregado las ayudas a un 9% de las familias que las solicitaron. Pese a las promesas urgentes y los anuncios a bombo y platillo, sólo 4.060 hogares han recibido alguna compensación de las 43.592 solicitudes registradas para reconstruir viviendas y reponer enseres básicos.
La cifra, revelada por datos oficiales a los que ha tenido acceso The Objective, refleja con claridad el fracaso del plan anunciado por Moncloa en noviembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó ayudas de hasta 60.000 euros por vivienda afectada y otros 10.300 euros para mobiliario y electrodomésticos. De los 16.600 millones prometidos, el Estado sólo ha ejecutado 5.279 millones, siendo la mayor parte gestionada a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), un organismo financiado por las pólizas privadas de los ciudadanos, no por fondos públicos.
De hecho, las ayudas financiadas directamente con dinero estatal han sido las más lentas en llegar. De los 82 millones abonados por el Gobierno, 69,2 millones se han destinado a viviendas y 12,8 millones a compensaciones por fallecimientos. Mientras tanto, el Consorcio de Seguros —dependiente del Ministerio de Economía pero costeado con aportaciones privadas— ya ha desembolsado 2.894 millones de euros, correspondientes a más de 230.000 expedientes tramitados de los 247.158 presentados.
La burocracia y la ineficacia administrativa han sido la tónica general. Las familias afectadas, muchas de las cuales lo perdieron todo, han denunciado durante meses la falta de agilidad del Gobierno, atrapado en trámites interminables y promesas vacías. A mediados de febrero, sólo el 6% de las solicitudes había sido atendido. Tres meses después, el porcentaje ha aumentado apenas tres puntos.
Además de la lentitud, la desigualdad en el reparto de los fondos también ha provocado indignación. Mientras las líneas para empresas han sido más fluidas y los ayuntamientos han podido disponer de parte de los recursos, las ayudas directas a familias han quedado relegadas. Los préstamos avalados por el ICO, dirigidos a empresas y autónomos, han movilizado 638 millones en 2.806 operaciones, mientras los hogares siguen esperando.
La tragedia, que dejó más de 200 muertos, sigue sin respuesta eficaz desde las instituciones. Y la gestión política no ha hecho sino agravar el malestar: el Gobierno central y la Generalidad Valenciana se han enzarzado en una guerra de reproches que ha dejado a las víctimas en un segundo plano. A día de hoy, el grueso de los afectados sigue sin ver un euro de las promesas lanzadas hace ya más de seis meses.
