Más de un centenar de afectados por la riada de la Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia han presentado este miércoles una querella contra cinco miembros del Consejo de la Generalidad Valenciana y contra el presidente de la Confederacion Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, para depurar sus responsabilidades ante «la inacción» en el ejercicio de sus funciones ante la catástrofe.
Además, por el momento piden que declare como testigo el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ya que al estar aforado «no podía ser investigado en este procedimiento», lo que «no implica que de resultas de la instrucción se pueda presentar también una querella contra él ante el órgano correspondiente». Además, no descartan solicitar asimismo que testifiquen los alcaldes de poblaciones afectadas sobre los tiempos y las alertas que recibieron.
Así, lo han explicado en rueda de prensa el presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia, Christian Lesaec, y Manuel Hernández, el CEO de Vilches Abogados, que ejerce la defensa de los querellantes en esta causa, que se presenta justo cuando se cumplen tres meses del segundo peor desastre asociado a un fenómeno natural en la historia de España y que ha causado 224 fallecidos y tres desparecidos.
En concreto, la querella se presenta contra la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; responsable de Emergencias durante la riada y el entonces el secretario autonómico de Seguridad y emergencias, Emilio Argüeso; así como el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE), Jorge Suárez; la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, y el presidente de la CHJ, Miguel Polo.
Así, les consideran presuntos responsables de los delitos de homicidio imprudente, delito de lesiones imprudentes, daños imprudentes —tanto físicos como morales—, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro por la «inacción» de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos.
Al respecto, el presidente de esta asociación —que reúne a 340 asociados de los que un centenar han suscrito la querella—, ha recalcado: «No podemos dejar que los responsables de esta gestión no respondan ante la justicia por esta gestión tan nefasta».
«La lucha va a ser larga, pero esto no puede quedar así, los responsables deben pagar por ello», ha recalcado. En la rueda de prensa también han asistido asociados con una camiseta con el lema ‘224 fallecidos, 3 desparecidos, 0 responsables».
La querella, de 67 páginas, va acompañada de una investigación cronológica en la que se recoge que «de haberse activado el sistema ES-Alert en el momento oportuno no se habría producido la magnitud que tuvo la tragedia» ya que la información aportada «demostraría que a las 15 horas los querellados ya contaban con datos suficientes para haberlo activado».
Sin embargo, por razones que «se desconocen y no se han explicado» la alerta «no se envió hasta las 20.11 horas», cuando el caudal del barranco de el Poyo y el río Magro estaban «ya completamente desbordados» y «habían llegado las riadas a las poblaciones». Además, señalan que esa alerta fue por el riesgo de rotura de la presa de Forata y no por inundaciones que «a esa hora ya asolaban las localidades ribereñas del barranco del Poyo», aspecto, que Pradas «confirmó en un post en una red social el 7 de noviembre de 2024».
Lesaec, que ha señalado que la Generalidad no se ha puesto en contacto con ellos ni lo esperan, ha explicado que hay asociados que incluso quieren explicar por qué se presentan, aunque no sea necesario, como el caso de un padre tuvo que despedirse de su hija al quedar atrapados en el sótano cuando bajaron a rescatar enseres.
Por su parte, el CEO de Vilches Abogados ha explicado que la querella, «la mayor hasta la fecha», se presenta inicialmente contra estas cinco cargos, pero que de la instrucción que se siga «puede ser que se derive más investigados y así se solicitará si se entiende».
Además, presentarán una demanda de responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas responsables que debe ser presentada antes del 29 de octubre de 2025.
