El Ministerio de Hacienda ha comenzado a aplicar una revisión al alza del valor catastral de terrenos agrícolas sin previo aviso y bajo un evidente manto de opacidad, provocando una oleada de quejas entre los propietarios rurales. La actualización, que afecta a parcelas calificadas como suelo rústico, ha llegado por sorpresa en forma de carta, sin comunicación pública previa ni explicaciones detalladas, según avanza El Debate. En muchos casos, los valores catastrales se han más que duplicado de la noche a la mañana, con el consiguiente aumento de la presión fiscal sobre los agricultores. La organización agraria Asaja Aragón ha calificado esta maniobra como un «catastrazo» encubierto.
Ramón Solanilla, secretario general de Asaja Aragón, denuncia que el Ejecutivo está implementando estas subidas «de forma silenciosa y dosificada», con la intención —según él— de evitar un aluvión de protestas. “No vemos un criterio claro ni orden en las notificaciones. Todo apunta a que lo están haciendo de manera escalonada, para no levantar demasiado ruido en el sector”, afirma.
Los datos preliminares recopilados por la organización agraria revelan que, en los casos detectados, el nuevo valor catastral se ha multiplicado por 2,4. Este incremento impactará directamente en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que deben abonar los propietarios, una carga que se suma a un contexto económico ya de por sí muy delicado para el campo.
Solanilla recuerda que el valor de estas tierras no se había modificado desde 1989, pero critica tanto el momento elegido como la forma en que se está ejecutando el proceso. «Es lógico que se revise, pero no así ni ahora. Lo único que implica esta revalorización es pagar más impuestos, sin que haya ninguna mejora para el agricultor», señala, subrayando que el cambio también afectará a operaciones de compraventa al aumentar los costes fiscales asociados.
La situación se agrava si se considera que algunas comunidades autónomas habían aprobado en 2024 medidas de alivio fiscal para el sector agrícola, eximiendo del pago del IBI a quienes se vieron golpeados por la sequía. Sin embargo, esta nueva valoración catastral anula de facto esas ayudas: «Si ahora van a pagar el doble, es como si no les hubieran dado nada», lamenta Solanilla.
Desde Asaja reclaman una fiscalidad específica para las explotaciones familiares agrarias, y así lo han propuesto en el marco de la futura Ley de Agricultura Familiar. Consideran que este tipo de subidas impositivas solo aumentan el riesgo de abandono del campo, en un contexto ya marcado por bajos precios en origen, alta carga burocrática, incertidumbre por los fondos de la PAC y competencia exterior desleal.
«La rentabilidad del sector primario está por los suelos, y cuando más necesitamos apoyo, lo que recibimos es más presión fiscal. Este año habrá una cosecha importante de cereal, pero probablemente una de las que menos rentabilidad dejen. Nos están asfixiando», sentencia el portavoz de Asaja, que pide una rectificación urgente al Gobierno.
