Médicos del Hospital Universitario de Ceuta denuncian que el Ministerio de Sanidad está ofreciendo datos parciales para ocultar la presión asistencial provocada por la entrada de más de 70.000 inmigrantes ilegales desde Marruecos. Según los facultativos, INGESA sólo contabiliza a los inmigrantes atendidos y deja fuera de las estadísticas a los pacientes ceutíes que acuden a urgencias.
La ministra de Sanidad, Mónica García, visitó este domingo la ciudad autónoma, 17 días después del asalto masivo a la frontera. Durante su comparecencia, negó que exista un «colapso sanitario» y se limitó a reconocer una situación «tensionada», una versión que los profesionales del hospital cuestionan mediante los datos reales de actividad.
García cifró en 5.800 los inmigrantes atendidos durante los últimos 15 días. De ellos, 1.149 recibieron asistencia durante la primera jornada posterior a la entrada masiva. Según la ministra, desde entonces la presión ha disminuido un 70% y se sitúa en una media de «300 personas atendidas al día», con una horquilla de entre 200 y 400.
La responsable de Sanidad afirmó también que este sábado fueron atendidas 193 personas. Sin embargo, los médicos advierten de que esta cifra no representa toda la actividad del hospital: sólo recoge las asistencias prestadas a inmigrantes y excluye a los residentes de Ceuta.
«Hay órdenes de dar sólo los datos de los inmigrantes»
INGESA, organismo dependiente directamente del Ministerio de Sanidad, gestiona la atención sanitaria en Ceuta y Melilla, los dos únicos territorios españoles que no tienen transferidas estas competencias. Es también el encargado de recopilar y trasladar al Gobierno los datos asistenciales.
Los sanitarios aseguran que, cuando mostraron su malestar por la forma de elaborar las estadísticas, recibieron una respuesta explícita: «Hay órdenes de dar sólo los datos de los inmigrantes» atendidos en el hospital. De esta manera, las cifras oficiales dejarían fuera a todos los ceutíes que acuden diariamente al servicio de urgencias.
La capacidad ordinaria del centro está calculada en unas 180 atenciones urgentes al día. Por tanto, las 193 asistencias a inmigrantes reconocidas por García ya superarían por sí solas ese umbral. Al añadir las consultas de los residentes de la ciudad, el volumen real se encontraría muy por encima de las 300 atenciones diarias, según los profesionales citados por El Debate.
La diferencia permite al Ministerio presentar como una mera «tensión» una presión asistencial que, de acuerdo con los médicos, supera con claridad la capacidad habitual del hospital. Los sanitarios acusan así a INGESA de utilizar una estadística incompleta para apuntalar la versión política de que Ceuta no sufre un colapso sanitario.
García evita escuchar a los médicos
Antes de la rueda de prensa, Mónica García fue increpada por varios vecinos concentrados frente a la Delegación del Gobierno. Un grupo de médicos de urgencias trató de trasladarle directamente la situación que atraviesa el hospital, pero la ministra evitó detenerse para escucharlos.
Durante su comparecencia, García alegó que no se había pedido a ningún profesional que regresara de sus vacaciones y que tampoco se habían producido cambios de área para reforzar la asistencia. Los facultativos contradicen parcialmente esta versión: aseguran que sí se ha solicitado, aunque no impuesto, que médicos de otras áreas colaboren con urgencias y atención primaria.
A la controversia sobre las cifras se suma la decisión del Ministerio de activar ahora, 17 días después de la entrada masiva, el nivel 1 del Plan de Actuación ante Catástrofes Externas. El protocolo, elaborado en 2020 por Sanidad, INGESA y los médicos del hospital, incluye entre estas situaciones los «saltos masivos de inmigrantes en límites fronterizos».
El documento establece que el índice debe considerarse «catastrófico» cuando el servicio atiende a 90 pacientes en un periodo de cuatro o cinco horas. La ministra ha reconocido que durante la primera jornada se produjeron 1.149 asistencias, pero el nivel 1 no se ha activado hasta que, según su propia versión, la presión se había reducido un 70%.
Los médicos atribuyen el retraso a un «interés político» y señalan la contradicción del relato oficial: «No puedes decir que no hay colapso y al mismo tiempo declarar una catástrofe». «Si ahora, que la ministra dice que han descendido las atenciones un 70%, declara el nivel 1, ¿entonces antes cómo estábamos?», cuestionan.
