Moncloa busca encaje legal para la amnistía prometida a sus socios de investidura en la jurisprudencia española y europea, según una información publicada este martes por el diario El Mundo. Al parecer, los miembros progresistas del Tribunal Constitucional, que presidente Cándido Conde Pumpido, muy cercano en su día a José Luis Rodríguez Zapatero y actualmente a Pedro Sánchez, sólo habrían solicitado al PSOE que el texto que tengan que validar sea constitucionalmente «inapelable».
Los expertos en los que confía Moncloa para elaborar la ley de amnistía se basarán en los tres fallos del Tribunal Constitucional español, de 1977, 1983 y 2017. Los dos primeros declararon legal la amnistía concedida por Adolfo Suárez, mientras que el último, referente a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy, no contó con el aval del Alto Tribunal al considerarse que vulneraba el derecho de igualdad. En Francia, Portugal e Italia también se han aprobado amnistías, pero sus Constituciones lo permiten.
En el PSOE no se plantean presentar la amnistía a los separatistas catalanes como un borrado definitivo de delitos, sino como contrapartidas que otorguen un perdón preventivo. En este sentido hay que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, admitió a finales de septiembre a trámite los recursos de nueve condenados del ‘procés’ contra la sentencia del Tribunal Supremo por la que se les impuso penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación por delitos de sedición y malversación. Los magistrados han dado plazo a España hasta el 12 de enero para presentar sus alegaciones.
En la resolución del TEDH constaba que los condenados habían alegado haber visto vulnerado el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que fija que «nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional» y que contempla que tampoco podrá ser impuesta «una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida».
En la práctica, la amnistía podría consistir en una decisión del TEDH que anulara la sentencia del juicio por por el 1-O, y por tanto el delito, al crear jurisprudencia. Lo que de nuevo supondría un conflicto entre los tribunales europeos y la soberanía de los estados miembros, en este caso España, al interferir en su soberanía, pero que le serviría al Ejecutivo para poder cumplir su promesa con ERC y Junts.
