Un nuevo caso vuelve a poner en evidencia la doble fractura del sistema: inseguridad y fallos en la protección de menores. La Fiscalía solicita la expulsión de España de un ciudadano colombiano en situación ilegal acusado de agredir sexualmente a una menor de 14 años tutelada por el Gobierno de Navarra, según informa Ok Diario.
El juicio se celebrará esta semana en la Audiencia Provincial de Navarra, donde el Ministerio Público reclama una pena de 10 años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años.
Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al 10 de agosto de 2024, cuando el acusado colombiano contactó con la víctima en la calle. La menor se encontraba entonces fugada de un centro de acogida dependiente del Ejecutivo de María Chivite, lo que la situaba en una condición de especial vulnerabilidad.
El fiscal subraya que el procesado actuó con pleno conocimiento tanto de la edad de la menor como de su situación de desamparo. Tras el contacto inicial, la trasladó a su domicilio en Pamplona, donde permanecieron hasta el día siguiente y donde se produjo la relación sexual que sustenta la acusación.
Más allá de la pena de prisión, la Fiscalía plantea una medida contundente: la expulsión del territorio nacional en sustitución de la condena, con la consiguiente prohibición de regresar a España durante diez años, dada su situación ilegal.
El escrito también contempla un amplio paquete de medidas de seguridad: 15 años de libertad vigilada, otros 15 años de inhabilitación para cualquier actividad con menores, y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros o comunicarse con ella durante una década. Además, el Ministerio Público reclama una indemnización de 30.000 euros por los daños causados.
El caso no sólo apunta a la responsabilidad individual del acusado, sino que vuelve a abrir interrogantes sobre la eficacia del sistema de protección de menores, especialmente cuando estos quedan fuera del control institucional.
En un contexto de creciente preocupación por la seguridad y la gestión de la inmigración ilegal, episodios como este reavivan el debate sobre las prioridades del Estado y la necesidad de garantizar, ante todo, la protección de los más vulnerables.
