Solicitan la inmediata puesta en libertad de los golpistas separatistas y muestran su rechazo a este encarcelamiento.
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco ha solicitado la inmediata puesta en libertad de los golpistas separatistas y ha mostrado su rechazo a este encarcelamiento.
Esta resolución, presentada en una enmienda transada entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha contado con el apoyo del PNV y el rechazo del PP y del PSE-EE. En su resolución, la Cámara de Vitoria considera «desproporcionada» la prisión provisional y entiende que los cargos que se les imputan son «excesivos». Además, muestra «serias dudas sobre la parcialidad y falta de garantía tanto de la actuación judicial como del Ministerio Fiscal».
Ha acordado que mientras no se produzca la puesta en libertad de los políticos les visitarán «para estudiar su situación y comprobar si se respetan sus derechos fundamentales».
Tras la sesión de la Comisión, la presidenta y secretaria de la Asociación Catalana de Derechos Civiles, Meritxell Lluis y Diana Riba, respectivamente, que han acudido al Parlamento Vasco, han agradecido su pronunciamiento.
Lluis, pareja del exconsejero Josep Rull, ha dicho que los «presos políticos catalanes están en prisión por cumplir el mandato de las urnas» y Riba, pareja de Raül Romeva, ha sostenido que «no hay ningún elemento objetivo para mantener la prisión preventiva y el alejamiento de sus familias».
Por parte de los grupos parlamentarios, Íñigo Iturrate (PNV) ha considerado «desproporcionado» y un «exceso absoluto» el mantenimiento de la prisión preventiva de los políticos separatistas y ha mostrado su deseo de que «se aproveche el nuevo tiempo político en el Estado» para solucionar la situación en Cataluña desde el «diálogo, la negociación y el acuerdo».
Jone Goirizelaia (EH Bildu) ha censurado el «uso ideológico del Derecho Penal» en este caso, la «quiebra de la separación» de poderes» y la «vulneración de derechos fundamentales». Eukene Arana (Elkarrekin Podemos) ha sostenido que lo que se debatía, la puesta en libertad de los políticos, es una «cuestión prepolítica» y ha insistido en que los cargos que se les imputan son «excesivos» y la prisión «desproporcionada».
Carmelo Barrio (PP) ha definido el acuerdo de hoy de «despropósito» y una «injerencia» de un poder del Estado en otro, y ha insistido en que en España «no hay presos políticos, pero sí políticos presos por la presunta comisión de delitos».
Rafaela Romero (PSE-EE) ha abogado por el diálogo para solucionar la situación en Cataluña pese a que no va a ser fácil mientras sigan en prisión preventiva los políticos independentistas, pero ha insistido en que la petición del Parlamento Vasco «no parece la vía más adecuada» para que queden en libertad.
