Policías y guardias civiles piden medallas para los agentes en Cataluña

Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil se han dirigido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para pedir, por escrito, la aprobación de medidas de recompensa por el trabajo desarrollado por los agentes que, bien destinados en Cataluña o comisionados allí durante las operaciones Copérnico y Avispa, asumieron -y siguen haciéndolo- una misión clave en defensa de la unidad de España y en apoyo de órganos judiciales y fiscales frente al desafío secesionista.
Han solicitado dos tipos de medidas. Por un lado, la aprobación de un distintivo de mérito de participación en este servicio extraordinario, que sería de concesión (y baremación) universal para todos los agentes, al margen de su cometido concreto, plantilla o unidad. Por otra parte, un reconocimiento profesional en forma de ingreso en la Orden al Mérito Policial y/o de la Guardia Civil para aquellos efectivos que hayan destacado en actuaciones o intervenciones relevantes en cualquier ámbito.
Con esta misiva reclaman al Ministerio del Interior «que ese trabajo, que aún a día de hoy está prestigiando a ambos Cuerpos en la determinación de las responsabilidades penales en todo tipo de órganos judiciales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Juzgados de Instrucción), tenga un respaldo que se sume al que ya han expresado ciudadanos, instituciones y partidos políticos».
A continuación reproducimos por su interés el escrito íntegro que los agentes han remitido a Zoido:
«Señor ministro,
Como a nadie se le escapa ya a estas alturas, la iniciativa llevada a cabo por una multiplicidad de personas, partidos políticos y colectivos sociales para tratar de celebrar en Cataluña un referéndum secesionista ha sido uno de los mayores retos en la historia reciente para el Estado de Derecho y para todas aquellas instituciones de nuestro país encargadas de proteger la legalidad y ordenamiento constitucional. Aquellos actos, que encontraron su prohibición mediante diferentes resoluciones del Tribunal Constitucional que suspendían el Decreto de convocatoria de referéndum de autodeterminación y las normas complementarias emitidas para su celebración, además de la Ley que pretendía dar soporte a las consecuencias políticas de ese acto ilegal, fueron un clamoroso fracaso y sus autores están respondiendo ya ante la Justicia, gracias a la acción destacada de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil -primero, impidiendo la celebración de ese acto ilegal para, posteriormente, investigar su organización y las implicaciones personales de quienes impulsaron aquel desafío al Estado de Derecho- ha sido fundamental para defender el orden constitucional; en definitiva, para que el imperio de la Ley que cohesiona todo Estado moderno se imponga frente al caos y la anarquía de quienes han pretendido amoldar la legalidad a su conveniencia política, despreciando las reglas de juego y tratando de ponerse en un plano de superioridad, instalados en la impunidad, frente a las responsabilidades penales del autor de cualquier infracción penal.
Las operaciones Copérnico (Policía Nacional) y Avispa (Guardia Civil) materializaron la respuesta de los poderes públicos, que ya se venía destacando en Cataluña con anterioridad aunque de una manera menos intensa, inicialmente desde el 20 de septiembre de 2017 y hasta el 5 de octubre. Eso supuso, entre otras medidas de carácter operativo, la modificación del régimen habitual de jornada y horario de los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña y/o desplazados allí como refuerzo. Una medida excepcional que, aunque en el caso de los destinados en aquella comunidad autónoma se normalizó desde el 16 de noviembre, se mantuvo en el tiempo para el resto de unidades hasta el 29 de diciembre.
Si algún consenso político y social generalizado se ha concitado en estos meses es el relativo a la excepcional labor asumida, con profesionalidad, rigor y valentía por los compañeros desplazados a Cataluña para auxiliar a los órganos judiciales y fiscales en la recuperación de la legalidad constitucional, con el apoyo de los efectivos destinados de manera habitual en las plantillas de las cuatro provincias.
Esa ejecutoria impecable, asumida por el Gobierno a través de múltiples declaraciones de su presidente y de usted mismo, debe tener un justo reconocimiento que vaya más allá de la gratificación económica percibida por los integrantes del despliegue para retribuir, de alguna forma, las deficientes condiciones de alojamiento y manutención que se dieron y que todos conocemos ya de sobra. Nos referimos a la necesidad de encontrar la recompensa profesional apropiada para los efectivos desplegados en todos los ámbitos de trabajo (orden público, información, Policía judicial, logística, planificación, etc.) ante un servicio que no sólo cumplió los objetivos para los que fue diseñado, sino que, además, se produjo en un entorno social de hostilidad que, aun no siendo mayoritario, ha venido condicionando los trabajos en todas esas áreas funcionales a las que nos hemos referido.
La Ley 5/1964, de 29 de abril, estableció en su momento la reglamentación de la Orden al Mérito Policial (creada en 1943 y con rango de Ley desde 1945) en el caso de la Policía Nacional y que reconoce servicios entre los que destacan aquellos llevados a cabo con un alto sentido del patriotismo o de la lealtad, con prestigio para la Corporación. De otra parte, la Ley 19/1976, de 29 de mayo, creó la Orden del Mérito de la Guardia Civil que, a través de la Orden INT 2008/2012, de 21 de septiembre, se regula para premiar las acciones o conductas de extraordinario relieve que redunden en el prestigio del Cuerpo e interés de la Patria.
Los sindicatos y asociaciones profesionales de Policía Nacional y Guardia Civil que firmamos este escrito creemos que condecorar -más allá de las felicitaciones públicas tramitadas recientemente y con una categoría impropia de un servicio de esta dimensión y naturaleza- es un acto de justicia del Gobierno con sus profesionales de la seguridad pública. Y estamos convencidos de que el Ministerio del Interior puede y debe iniciar un acto de reconocimiento profesional mediante la propuesta de ingreso en la Orden al Mérito Policial y la Orden del Mérito de la Guardia Civil con la consideración que corresponda a los profesionales que se integraron en ambos dispositivos especiales, al menos durante el período de vigencia de las Operaciones Copérnico y Avispa, y que resaltaron (lo siguen haciendo fuera de esos despliegues en labores de Policía judicial y de Información) en el desarrollo de sus cometidos.
Por otra parte, tal y como hiciera la Secretaría de Estado de Seguridad mediante resolución de 04.11.2014, entendemos que sería aconsejable la creación de un distintivo de participación en el dispositivo de seguridad con motivo de la celebración del referéndum ilegal en atención al cumplimiento plenamente satisfactorio por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la misión constitucionalmente encomendada de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Su derecho al uso se establecería para los miembros de ambos cuerpos que participaron en la planificación y/o ejecución de aquellas operaciones, siendo un distintivo de mérito por participación en eventos extraordinarios.
Por ello, le solicitamos que el ya de por sí elevado prestigio que demostraron en la evitación del referéndum nuestros compañeros -misión que, por cierto, siguen desarrollando ejemplarmente las unidades especializadas de Policía judicial e Información- encuentre en su Ministerio la justa recompensa en forma de condecoraciones para quienes se integraron en ese despliegue y destacaron (o lo siguen haciendo) por su decisiva intervención en materia de orden público, Policía judicial e Información y, en su defecto, la creación de un distintivo específico de participación en aquellas operaciones. Una labor tan relevante no puede quedar sin reconocimiento profesional o con actos administrativos paupérrimos (felicitaciones) que no alcanza a colmar el esfuerzo y la relevancia de una misión trascendental por su contenido e histórica por la dimensión».