El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha prometido este martes impulsar una partida presupuestaria de hasta un máximo de 1.500 millones de euros en tres años para que policías y guardias civiles cobren igual que los mossos, pero no ha convencido del todo a los representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE).
Aunque el compromiso de conseguir la equiparación ha sido bien acogido por los sindicatos policiales y las asociaciones sindicales, todos han expresado sus recelos ante uno de los puntos de la propuesta: «sustituir cualquier derecho de carácter sociolaboral que no tengan reconocido los mossos por aquellos» que estos sí tengan» y que no afecten, en el caso de la Guardia Civil, a su naturaleza militar.
Y si no fuera posible, las cantidades destinadas a financiar tales derechos se restarán de las partidas presupuestarias para el aumento del salario, tal y como figura en el documento que Zoido ha presentado por separado en los consejos respectivos de ambos cuerpos.
Según representantes de ambos cuerpos, sería necesario aclarar este punto porque podría afectar a derechos laborales como la segunda actividad, los complementos de destino o a las casas cuartel de los guardias civiles.
Ha sido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien ha presentado de forma separada este documento a los sindicatos y a las asociaciones con el objetivo de lograr la «equiparación completa, total e integral».
Tras reconocer la «dificultad de fijar puesto a puesto esa equiparación», Interior se compromete a «solicitar» el incremento de las partidas del capítulo I (gastos de personal) de los próximos presupuestos de ambos cuerpos «hasta que sea la misma cantidad por agente que desarrolla su actividad» en la Policía y en la Guardia Civil que la existente para financiar a los mossos.
Una cantidad con un límite máximo de 1.500 millones de euros, según la propuesta, que señala que la aportación se realizará a lo largo de los tres próximos ejercicios presupuestarios a razón de un tercio «de la cantidad resultante de la negociación de cada uno de ellos».
Fuentes de Interior destacan la importancia de este día «histórico» por un acuerdo que permitirá que en 2020 un policía nacional o un guardia civil gane lo mismo que su homólogo de la Policía autonómica.
Sin embargo, las asociaciones de guardias civiles, más contundentes que los sindicatos policiales, han emitido un comunicado en el que expresan su decepción porque el Ministerio no ha concretado ninguna cifra concreta para 2018 y «sólo hay un compromiso político de impulsar la financiación de la equiparación».
Las ocho asociaciones exigen 500 millones ya para este año y exclusivamente dedicados al capítulo I y consideran que «a una mesa de negociación se va con dinero en la cartera y no con el compromiso de impulsarlo o solicitarlo».
Y avisan de que si a la mesa de trabajo, que se creará en virtud de esta propuesta, el Ministerio no va con una cifra mínima de 500 millones para 2018, «será imposible llegar a ningún acuerdo», como le han hecho saber al ministro en la reunión del Consejo de la Guardia Civil.
Antes, Zoido ha acudido al Consejo de Policía, que se ha reunido en la sede de la Dirección General del cuerpo, a cuyas puertas se han concentrado unos 200 delegados de los cinco sindicatos representativos a los que el ministro ha saludado a su llegada y a su salida.
Policías de 1ª 👮♀️👮♂️con sueldos de 3ª 🤬🤬
👉👉 #EquiparacionSalarial
👉👉 #UnidosxlaEquiparacion pic.twitter.com/OaErWOPVdc— SUP (@Sup_Policia) 16 de enero de 2018
Tras esta primera reunión, José Antonio Calleja, secretario general del Sindicato Profesional de Policía (SPP) y portavoz de todos las organizaciones en unidad de acción sobre esta reivindicación, ha valorado la promesa del ministro porque supone «un paso muy importante» a la demanda histórica de equiparación salarial.
Por eso han solicitado que «a la mayor brevedad posible» se constituya la mesa técnica que determinará las cantidades para lograr esa igualdad, de cuyo cumplimiento estarán muy vigilantes porque los sindicatos no van a permitir recorte alguno en otros derechos laborales como contrapartida, según un comunicado conjunto tras la reunión.
Tampoco las asociaciones aceptarán que se supriman derechos adquiridos «con mucho esfuerzo durante tantos años».
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