El pasado 14 de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados votó a favor del Dictamen del Proyecto de Ley de Memoria Democrática. De este modo, el controvertido Proyecto de Ley continúaa con su tramitación parlamentaria en el Senado.
Sin perjuicio de otros aspectos de la iniciativa legislativa, es necesario denunciar la delicada situación -otro paso más- en la que la más que probable aprobación de la Ley de Memoria Democrática colocaría a determinadas edificaciones, construcciones o monumentos que, según la ley, son “contrarios a la memoria democrática” y, en particular, de la delicada situación en la que quedaría el conjunto monumental del Valle de los Caídos, que integra, entre otros, la Cruz, la Abadía benedictina, la Basílica de la Santa Cruz del Valle o la Hospedería.
De acuerdo con el artículo 35 del Proyecto de Ley deberán retirarse o eliminarse “las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública” que se consideren “contrarios a la memoria democrática”. No conforme con esta “vertiente” pública, la Ley prosigue obligando a retirar o eliminar dichos elementos cuando “estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público” (en este sentido, piénsese en los numerosos símbolos religiosos o placas en memoria de los caídos por ambos bandos ubicadas en fachadas de iglesias o conventos de muchos pueblos de España). Por si no fuera suficiente, la Ley prevé sanciones a aquellas Administraciones Públicas que no acaten este “deber democrático”.
Por otra parte, el artículo 54 se refiere al Valle de los Caídos, respecto del que la Ley prevé cambiar el nombre (pasaría a denominarse “Valle de Cuelgamuros”) y una futura “resignificación” como un “lugar de memoria democrática” que, teniendo en cuenta el origen del mismo, solo puede suponer la eliminación de cualquier símbolo relacionado con la guerra civil y la desacralización del conjunto monumental. Tiempo al tiempo.
El acoso y derribo al que se viene sometiendo al Valle de los Caídos es digno de estudio, convirtiéndose en una cuestión obsesiva de los dos últimos gobiernos de izquierda que han regido los designios de España.
Más allá de ideologías, es innegable el valor artístico, arquitectónico y monumental del conjunto del Valle. A título de ejemplo, la Cruz, de 150 metros de altura, es la más grande del mundo y puede apreciarse a 60 kilómetros de distancia; la basílica, de planta griega, es la segunda más grande del mundo, después de la de San Pedro, en Roma. Cualquiera que haya estado allí coincidirá en el encaje del conjunto arquitectónico con el paraje natural, alejado del bullicio de la gran metrópoli madrileña, y, por tanto, convertido en refugio para respirar y tener algo de paz y tranquilidad. En este sentido, el Valle cuenta con la Hospedería regida por la Comunidad benedictina.
Por todo ello, el acoso y derribo al que se está sometiendo el Valle y, por extensión, a los religiosos benedictinos que allí viven -y que lo “único” que hacen es rezar, también por el Gobierno de Pedro Sánchez-, solo encuentra justificación en la obsesión esquizofrénica de parte de una izquierda que quiere exterminar cualquier resto o vestigio de nuestra Historia reciente y, con ello, de nuestra identidad como Nación.
Dicho lo cual, todavía queda esperanza. De acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico Español, forman parte del mismo “los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico”.
Solo por comparación con otros bienes a los que se ha catalogado como integrantes del Patrimonio Histórico Español, el conjunto monumental del Valle de los Caídos cumpliría sobradamente con estos requisitos. La declaración del mismo como “Bien de Interés Cultural” paralizaría -por lo menos, durante un tiempo- cualquier intento de modificar o, en palabras de la Ley de Memoria Democrática, de “retirar o eliminar” cualquier elemento molesto a ojos del actual Gobierno de España. La competencia para proceder con tal declaración es del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Hace falta ver en el Valle de los Caídos las máquinas de obra enviadas por el Gobierno de España para que nos lamentemos de ello?
