El modelo de acceso a la vivienda en España ha convivido durante más de una década con una política impulsada por PP y PSOE que facilitó la entrada de inversores extranjeros en el mercado inmobiliario. Entre 2013 y 2025, los distintos gobiernos concedieron 7.995 «golden visa», de los cuales más del 96% estuvieron ligados directamente a la compra de vivienda.
Los datos, obtenidos a través del Portal de Transparencia, coinciden con el agravamiento del problema habitacional, que ya es la principal preocupación para el 43,5% de los españoles según el último barómetro del CIS. Durante esos mismos años, miles de viviendas quedaron en manos de compradores extranjeros con alto poder adquisitivo, en un contexto de escalada de precios y dificultades crecientes para acceder a una casa.
La medida fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, en plena resaca de la crisis financiera, con el objetivo de atraer inversión extranjera. El mecanismo permitía obtener el permiso de residencia a cambio de adquirir inmuebles por valor superior a 500.000 euros, además de otras fórmulas de inversión que apenas tuvieron impacto.
Sin embargo, la práctica consolidó un modelo centrado en la vivienda como activo financiero. De los 7.995 visados concedidos, 7.686 correspondieron a inversiones inmobiliarias, frente a sólo 309 vinculados a capital empresarial o financiero.
Lejos de reducir su uso, el sistema se intensificó con el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre 2019 y abril de 2025 se concedieron 4.707 visados por compra de vivienda, con una media anual de 715, superior a los 595 de la etapa de Rajoy. El pico se alcanzó en 2024, con 1.022 permisos ligados a inversión inmobiliaria, justo cuando el problema de la vivienda comenzaba a dispararse en las encuestas.
Ese mismo año, el Ejecutivo anunció la eliminación de las «golden visa«, una decisión que no se hizo efectiva hasta abril de 2025. El anuncio provocó un efecto llamada que aceleró aún más la entrada de capital extranjero en el mercado inmobiliario español, pese a que los precios ya se encontraban en niveles elevados.
El reparto por nacionalidades refleja además el perfil de los beneficiarios. Los ciudadanos chinos encabezan la lista con 3.538 visados, seguidos por los rusos con 1.157 y los iraníes con 358. Se trata, en muchos casos, de inversores procedentes de países con sistemas políticos alejados de las democracias occidentales, lo que refuerza la tesis de que el programa sirvió como vía de entrada para grandes patrimonios y élites económicas.
La polémica ha regresado al debate político en paralelo a la «regularización» masiva de inmigrantes planteada por el Gobierno. Mientras el PP critica esa medida, el Ejecutivo recuerda que fue el propio Partido Popular quien impulsó las golden visa. Sin embargo, los datos muestran que ambos partidos han sostenido durante años un modelo que ha vinculado la política migratoria a la capacidad de inversión en vivienda.
El resultado es un mercado tensionado en el que la vivienda ha funcionado como activo global mientras crecía la dificultad de acceso para los españoles. Una contradicción que ahora vuelve al centro del debate político.
