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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El ‘procés’, un año después del 1-O

El expresidente catalán Carles Puigdemont es recibido por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra (d), a su llegada a la Delegación de la Generalitat de Cataluña ante la UE, para celebrar una conferencia de prensa en Bruselas.- EFE/STEPHANIE LECOCQ
El expresidente catalán Carles Puigdemont es recibido por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra (d), a su llegada a la Delegación de la Generalitat de Cataluña ante la UE, para celebrar una conferencia de prensa en Bruselas.- EFE/STEPHANIE LECOCQ

Primer aniversario del referéndum ilegal convocado y celebrado -en contra de la optimista previsión del Gobierno de Rajoy- por el separatismo radical. Un año desde el 1-O, que se celebra este lunes en Barcelona con la antigua cúpula golpista repartida entre la prisión y la fuga y con un presidente autonómico empeñado en reivindicar la ‘República catalana’. Repasamos las claves del procés:

1. LA BANDERA DEL REFERÉNDUM PACTADO

Pese a dar por bueno el «mandato» de las urnas del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, el Govern de Quim Torra sigue reclamando la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Torra ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a permitir un referéndum como los celebrados en Quebec y Escocia y le ha ofrecido aparcar el 1-O y la declaración del 27-O a cambio de una votación pactada y vinculante sobre la independencia de Cataluña, escenario que, por ahora, los socialistas aseguran no contemplar.

2. UNA «REPÚBLICA» INCIERTA

Los sectores menos contemporizadores del independentismo -desde la CUP hasta la ANC, presidida ahora por Elisenda Paluzie- aprietan al Govern de Torra para que no titubee y dé pasos adelante para «hacer efectiva la república catalana».

Pero de momento el gobierno de coalición de JxCat y ERC extrema las cautelas y trata de evitar decisiones que puedan ser objeto de impugnación, más allá de anunciar para este mes de octubre la puesta en marcha de un foro de debate ciudadano para trazar las bases de una «Constitución catalana» y la activación desde Bélgica del llamado «Consejo de la República», con Carles Puigdemont al frente.

3. EL FACTOR «PRESOS Y EXILIADOS»

Los 14 miembros del Govern que presidía Carles Puigdemont, así como otros dirigentes soberanistas que impulsaron el 1-O, se encuentran pendientes de juicio, nueve de ellos en prisión preventiva y otros siete en el extranjero, huidos a Bélgica, Suiza o Escocia para evitar someterse a la Justicia española.

El factor de los «presos y exiliados» golpistas está condicionando tanto la acción del Govern -que pese a su apuesta por «hacer efectiva la república» hasta ahora ha ido con pies de plomo para no incurrir en nuevas desobediencias- como la relación entre sus socios -la estrategia de JxCat y ERC ha diferido en diversos momentos de los últimos meses- y el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de Sánchez.

4. DIÁLOGO RESTABLECIDO PERO CON LÍMITES

La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha permitido reanudar el diálogo con la Generalitat, después de unos meses marcados por el choque frontal por el 1-O y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, revocado tras la investidura de Torra del 14 de mayo y la posterior formación de su gobierno.

En julio, Torra fue recibido por Sánchez en la Moncloa y ambos tienen pendiente un segundo encuentro, aún sin fecha, mientras que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reunió el 2 de agosto por primera vez en siete años y ambos ejecutivos han ido trabajando acuerdos sectoriales, pero persiste un desacuerdo de fondo que parece insalvable: la cuestión nacional.

Mientras Sánchez ofrece como solución un «referéndum de autogobierno» para actualizar el Estatut y pide no abonar el «conflicto» para no provocar unas elecciones anticipadas, Torra insiste en pactar un referéndum de autodeterminación y emplaza al presidente del Gobierno a concretar su propuesta para Cataluña.

5. EL «ANTIINFLAMATORIO» SOCIALISTA

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, destacaba el pasado jueves en un coloquio en Madrid las políticas «antiinflamatorias» del Gobierno de Sánchez, que buscan una distensión en el clima político catalán y el restablecimiento del diálogo institucional.

Iceta trata de recomponer los puentes rotos con las fuerzas soberanistas, mostrando por ejemplo su extrañeza por la prisión preventiva en la que permanecen varios dirigentes independentistas o por el delito de rebelión que se les imputa, mientras que también la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, busca rebajar la conflictividad que marcó la etapa de su predecesor, Enric Millo.

6. PP Y CIUDADANOS, CONTRA LAZOS Y DESOBEDIENCIAS

Ni el PP ni Ciudadanos avalan esta estrategia de acercamiento a los soberanistas, al interpretar que cualquier oferta política que se haga a Torra será en vano porque no le desviará de su objetivo de hacer efectiva la república catalana, y ya sugieren volver a aplicar el 155 ante la «desobediencia» del Govern.

La formación que en Cataluña capitanea Inés Arrimadas, líder de la oposición en el Parlament, ha alentado la retirada de lazos amarillos -símbolo soberanista de solidaridad con «presos y exiliados»- del espacio público al considerar que rompen el principio de neutralidad y agrietan la «convivencia», una lectura que también subscribe el PPC de Xavier García Albiol.

7. SIN HOJA DE RUTA SEPARATISTA

La unidad estratégica de partidos y entidades separatistas en la pasada legislatura, que condujo al 1-O, ha desaparecido: JxCat y ERC no comparten grupo parlamentario y han chocado en varias ocasiones -especialmente por la situación de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo-, la CUP presiona más que nunca para que se cumpla el «mandato» de la independencia e incluso ha pedido la dimisión del conseller del Interior, Miquel Buch, mientras que la ANC va por libre y ya ha dado más de un tirón de orejas al Govern.

Puigdemont y su entorno promueven la Crida Nacional per la República, un movimiento que quiere ser «transversal» y superar las fronteras partidistas, pero ERC y la CUP han rechazado incorporarse y el PDeCAT aún no tiene claro cuál será su encaje allí.

Mientras la antigua CDC vuelve a apostar por listas unitarias a las elecciones municipales y europeas de 2019, ERC se resiste -su presidente, Oriol Junqueras, ya ha anunciado desde la cárcel de Lledoners su intención de liderar la candidatura de su partido a la Eurocámara- y sopesa diversificar su política de alianzas, con posibles colaboraciones postelectorales con los comunes.

8. EL VACÍO DE DOMÈNECH

Y, hablando de comunes, la dimisión de Xavier Domènech de todos sus cargos al frente de Catalunya en Comú y de Podem, el pasado 4 de septiembre, cogió por sorpresa a todos fuera de la formación, que sigue experimentando pugnas internas entre sectores pero que puede convertirse en un actor clave si la CUP da la espalda al Govern y Torra busca a un aliado alternativo para aprobar los presupuestos.

Ada Colau se ha apresurado a recomponer la dirección para suplir el adiós de Domènech, aunque su prioridad, la baza a la que se agarrarán los comunes en los próximos meses, es mantener la alcaldía de Barcelona.

9. LA BATALLA POR BARCELONA

La capital catalana será la pieza más codiciada en las elecciones de 2019, y todos los partidos están moviendo ficha para disputarle la alcaldía a Colau, que competirá con independentistas y fuerzas constitucionalistas, aunque el perfil de las candidaturas, a ocho meses de los comicios, aún está por definir.

El desembarco del ex primer ministro francés Manuel Valls -que quiere liderar una plataforma transversal a la que por ahora se ha apuntado Ciudadanos- amenaza con provocar un terremoto entre las demás formaciones, que estudian algún golpe de efecto -ERC ya lo ha activado, al postular al conseller Ernest Maragall en sustitución de Alfred Bosch- que les permita multiplicar sus opciones.

10. MOVILIZACIONES Y JUICIO

El independentismo vaticina un «otoño caliente» de movilizaciones, que se puede prolongar e incluso intensificar en invierno en función de cuál sea la sentencia del Tribunal Supremo por el caso «procés», tras un juicio previsto para finales de año o principios de 2019 y que puede influir en el calendario electoral.

Torra ya ha advertido de que «no aceptará» que la sentencia -que podría posponerse hasta después de las elecciones municipales y europeas de mayo- sea condenatoria, aunque no ha aclarado si eso precipitaría unas nuevas elecciones en Cataluña.

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