Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se queda a un paso del banquillo tras el auto de procesamiento dictado este jueves por la magistrada Inmaculada Iglesias. El empresario madrileño deberá responder por dos presuntos delitos fiscales y por la utilización de documentación presuntamente fraudulenta para ocultar ingresos millonarios al fisco.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha dado por concluida la fase de investigación en la causa principal que afecta a González Amador, a quien se le atribuye un entramado de facturación falsa diseñado para sortear el pago de impuestos en los ejercicios económicos de 2020 y 2021. Según los indicios reunidos, el volumen del fraude superaría los 350.000 euros.
El caso, adelantado por ElDiario.es, podría derivar ahora en la apertura de juicio oral. No obstante, el proceso penal no se limita a este frente. La instructora mantendrá abierta una línea separada de la causa centrada en presuntas prácticas de corrupción empresarial, en las que González Amador estaría implicado por su papel en una operación societaria sospechosa.
Esta pieza paralela del caso apunta a la adquisición, por parte del investigado, de una firma vinculada estrechamente a su cliente principal: el presidente de Quirón Prevención. Las pesquisas apuntan a que esta maniobra tenía como fin último defraudar a la Hacienda pública y ocultar un posible pago de comisiones ilícitas asociadas a contratos adjudicados de forma dudosa.
González Amador habría maniobrado para blindar su situación económica aprovechando su proximidad con altos cargos del sector sanitario, lo que ha añadido una capa de complejidad al procedimiento judicial en curso. Con el cierre de la instrucción principal, la Fiscalía y la acusación particular podrán ahora solicitar la apertura de juicio oral, o bien plantear el sobreseimiento si consideran que los indicios no son suficientes.
En cualquier caso, el escenario judicial se complica para el entorno más cercano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya pareja queda formalmente señalada en un caso que combina fraude tributario y posibles irregularidades mercantiles.
