El cese fulminante del hasta ahora director adjunto operativo de la Policía Nacional tras la presentación de una querella por presunta violación ha desencadenado una crisis institucional de gran alcance que se visualizará este lunes en la calle. Sindicatos policiales han convocado una concentración para exigir responsabilidades políticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber sostenido en el puesto al alto mando pese a la gravedad de los hechos denunciados y a la cercanía de su jubilación.
La polémica sitúa en el centro del debate al titular de Interior, quien designó a José Ángel González como máximo responsable operativo del Cuerpo tras su llegada al ministerio en 2018. El mantenimiento en el cargo del ya exDAO hasta el momento de su destitución ha sido interpretado por amplios sectores policiales como una quiebra de la confianza exigible a la máxima autoridad política responsable de la seguridad del Estado.
La querella, interpuesta por una inspectora recientemente ascendida, recoge la investigación de presuntos delitos de agresión sexual, coacciones y daños psíquicos. Según el relato conocido, la agente fue destinada al mismo edificio donde se ubica el despacho del entonces DAO tras los hechos denunciados. Esta circunstancia ha incrementado la indignación interna y ha alimentado las críticas sobre la actuación de la cadena de mando.
El caso, además, ha reabierto un debate que lleva tiempo latente dentro del Cuerpo. Varias agentes sostienen que los protocolos internos para abordar situaciones de acoso no resultan eficaces cuando afectan a miembros de la cúpula policial. La desconfianza hacia esos mecanismos, explican, responde al temor a represalias o al aislamiento profesional cuando se comunican episodios de acoso laboral o sexual ante los órganos competentes.
En este contexto, el sindicato Jupol ha convocado una movilización abierta no sólo a policías nacionales, sino también a otros integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la ciudadanía. Entre sus exigencias figura la dimisión inmediata del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, al que consideran integrante de la estructura de mando que permitió la continuidad y promoción de altos cargos ahora cuestionados.
Pese al impacto del escándalo, el ministro ha rechazado abandonar su puesto. No obstante, durante la última sesión de control al Gobierno en el Congreso dejó abierta la posibilidad de renunciar si la denunciante no se hubiera sentido amparada o hubiera interpretado que el titular de Interior le falló en su deber de protección.
La Confederación Española de Policía ha anunciado otra concentración para mañana. Desde esta organización califican los hechos conocidos como «escandalosos» y aseguran que provocan repulsa no sólo entre los agentes, sino entre cualquier ciudadano. A su juicio, la destitución del alto mando debió producirse de manera inmediata, del mismo modo que se habría aplicado a cualquier funcionario policial ante hechos de semejante gravedad.
La crisis, lejos de apaciguarse, amenaza con erosionar políticamente al Ministerio del Interior en un momento en el que la credibilidad de la cúpula policial se encuentra bajo escrutinio público.
